Nueva ley de alquileres: necesaria, pero insuficiente

Tras una sesión fallida la semana previa por el boicot de Juntos por el Cambio, la semana pasada el Senado finalmente aprobó la nueva ley nacional de alquileres que ya tenía media sanción de Diputados desde el año pasado. El bloque macrista se retiró.

La nueva ley dispone algunas mejoras para lxs inquilinxs con respecto a las inmobiliarias y a lxs propietarixs. El contrato mínimo será por tres años en vez de dos, no se podrá cobrará más de un mes de adelanto y uno de depósito, la suba del alquiler se calculará a medias entre la inflación (IPC) y los aumentos de salario (RIPTE), quien alquila no debe pagar impuestos (ABL, ARBA) ni expensas extraordinarias y podrá presentar distintos tipos de garantía.

Estos puntos venían siendo reclamados por las asociaciones de inquilinxs. El peso del alquiler en los ingresos familiares crece, en el país unos nueve millones de personas alquilan y otros tres millones carecen de vivienda digna. Se estima que más de la mitad de los inquilinos tendrán problemas para pagar junio. Y aunque hay un DNU del presidente que “prohíbe” los desalojos durante la cuarentena, estos continúan.

En este marco, es preciso buscar soluciones estructurales al problema de la falta de vivienda. Por un lado, el Estado debe promover planes de construcción efectivos, que además de viviendas dan trabajo por el conocido efecto multiplicador de la industria de la construcción: se estima que cada vivienda genera 2,5 puestos, de modo que un programa para construir 200.000 unidades implicaría crear medio millón de empleos.

En cuanto a los alquileres, proponemos el proyecto de ley de alquiler social que nuestro dirigente Alejandro Bodart presentó en 2015 en la Legislatura porteña cuando fue diputado (1). Incluye la garantía y un subsidio variable del Estado al inquilino/a, lo que a su vez asegura el cobro al propietario, así como un impuesto a la vivienda ociosa para volcar más inmuebles al mercado y así abaratar el precio de los alquileres. Con una ley así y un plan masivo de construcción sí se podría hacer realidad en nuestro país el derecho básico a la vivienda digna para todes.

Pablo Vasco