Jujuy, el COVID y las mentiras de Morales

Desde comienzos de la pandemia, Jujuy fue de las provincias que no tuvo que contar con números casos de COVID-19. Y el “emperador” Morales se jactaba de tener el mejor “plan” del país y ante los ojos del mundo.

Los medios locales resaltaban el supuesto rápido accionar del gobierno provincial para impedir la propagación del coronavirus. Incluso fueron noticias los procedimientos y sanciones que el gobierno de Morales aplicaba a quienes no respetaban la cuarentena. O los anuncios de hospitales de campaña, para la atención de posibles casos de COVID, en distintas localidades.

Así, más allá de algún caso denominado “importado”, Jujuy no anunciaba casos, por lo que Morales fue liberando paulatinamente actividades recreativas y comerciales. Trabajadores públicos fueron regresando a sus lugares de trabajo y hasta se anunció un plan de retorno a las aulas que fue puesto en cuestión por el ministro Trotta y las bases docentes locales, más allá del aval de la burocracia sindical.

Se terminó la mentira

Ante una pandemia que complicaba cada vez más al AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, Jujuy se mostraba ante el país como un ejemplo sobre las medidas y cuidados. Y hasta se inició con el plan de retorno a las escuelas, que denominaron “apoyo escolar”, arrancando por las localidades del interior. Así hicieron volver a los establecimientos a docentes y estudiantes de lugares muy alejados, que ahora no pueden volver ya que deben quedarse al menos 20 días en esas escuelas rurales.

Pero desmintiendo los anuncios de cada uno de los informes del gobernador Morales, toda esta tranquilidad que teníamos los jujeños era muy precaria, ya que, como vinimos alertando desde la izquierda, algún descuido o algún mal comportamiento podía desencadenar una serie de contagios en la provincia.

Fue exactamente lo que sucedió. Y vino del sector que era el destinado a controlar que esto no suceda. Un jefe policial fue el primer caso que derivó en 51 casos confirmados al día de hoy, la mitad de ellos personal que tuvo contacto estrecho con el oficial mencionado.

No está de más aclarar que dicho jefe policial cruzaba a Bolivia para comprar hojas de coca para comercializarla en distintas ciudades de la provincia ya que, al estar cerrada la frontera, esto convirtió en un gran negocio la venta de la coca traída por quien debería controlarla. Con eso salieron a la luz dos cosas, por un lado toda la fragilidad que verdaderamente tenía la provincia en las llamadas “primeras líneas”, tanto de seguridad como hospitalarias, puesto que ninguna cuenta con los insumos de protección para atender a los sintomáticos. Como así también la corrupción y negocios turbios e ilegales de los jefes policiales en medio de la pandemia.

Ahora salen a la luz los malestares dentro de las fuerzas policiales hacia el ministro de Seguridad, ya que son enviados a cumplir funciones sin ningún tipo de protección. De docentes que quedaron varados en distintas localidades a las que fueron enviados tempranamente, al igual que a menores y estudiantes, exponiéndoles también a sufrir contagios.

La provincia entró en un malestar general ya que el gobierno descargó siempre la responsabilidad sobre la población, no asumiendo su responsabilidad y errores propios. Graves falencias y falta de controles al interior de la fuerza policial detonaron en los casos que hoy están siendo noticia en la provincia. Y que llevaron a Morales, cuando estaba definiendo ingresar a la Fase 5, tuvo que reconocer el fracaso y anunciar el regreso a la Fase 1.

Propuestas socialistas para hacer frente a la pandemia

Desde el MST en el FIT Unidad venimos planteando la necesidad de extender los testeos a todo el personal de salud, a la fuerza policial, a todo el entorno próximo de los infectados, a sectores de la población y barrios de distintas localidades. Además de mayores insumos y elementos de protección para el personal de salud, que es el más expuesto.

Exigimos además la conformación de una Comisión Investigadora independiente para ir a fondo en la investigación hacia las cúpulas policiales y hasta los ministros de Seguridad, de Salud y de Gobierno para encontrar y castigar a los responsables y verdaderas causales sobre esta propagación del virus en la población. Además de ir a fondo en depurar las fuerzas de seguridad, investigar, castigar y separar a oficiales y efectivos que desataron repudiables represiones a sectores juveniles y populares, con la excusa de la cuarentena en Jujuy.

Debe atenderse y asistirse con todo lo necesario a docentes y estudiantes, confinados en escuelas rurales por la irresponsabilidad de Morales e Isolda Calsina, ministra de Educación que debería renunciar por exponer a trabajadores de la educación y familias, solo buscando un titular mediático para hacer notar al gobierno Jujuy ante el país.

Ante el brote de COVID y para hacer posible el quedarse en casa, es necesario también garantizar un subsidio universal de $40 mil para todas las familias que lo demanden. Lejos del discurso oficial, es claro que la responsabilidad no es de la gente, sino del gobierno y las patronales que priorizan sus ganancias y producción capitalista por sobre nuestras vidas. Necesitamos una verdadera política sanitaria, económica y social para afrontar esta pandemia.

Leonardo Rivero y Diego Rivero