Santa Cruz en fase negacionista

Se dispararon los casos positivos de COVID-19 en Río Gallegos, capital de la provincia. En apenas cuatro días el número de contagios pasó  de 5 a 93.

El primer brote surgió luego de 33 días sin casos a partir de cuatro  trabajadores de la empresa Movistar que llegaron desde Buenos Aires para instalar una antena,  a los cuales no se les realizó el control correspondiente. Unos días después se repitió lo mismo con un chofer proveniente de Ushuaia ya infectado. En ninguno de estos episodios hubo control al ingresar, sino sólo cuando presentaron síntomas.

La repuesta del gobierno fue desligarse de toda responsabilidad. El intendente Pablo Grasso declaró que  “Por la irresponsabilidad de unas personas se complicó todo” y el gobierno provincial se esfuerza por intentar demostrar que no hay circulación comunitaria. Así justifican la decisión de no retroceder de fase, cuando evidentemente es lo que hace falta. Como estábamos en la fase 5, alguna medida tuvieron que tomar para buscar contener el avance de la propagación: cerrar bares y pubs hasta el 30 julio, reducir personal administrativo, aumentar controles y hacer un llamado a la “conciencia social”. Pero el casino del amigo Cristóbal López no se cierra. Tampoco se realizan testeos masivos, sino sólo a quienes presentan síntomas

Hay que tener en cuenta además  el contexto en el que se da esta situación: Estamos atravesando un clima muy adverso con temperaturas muy bajas, lo que produce el congelamiento de cañerías y varias casas se quedan sin agua. Además, hay barrios que suelen quedarse sin gas por problemas con la distribuidora, o que siguen calentando sus hogares con carbón,  leña u otros medios, lo que ha producido muertes por incendios y por intoxicación con monóxido de carbono. ¿Cómo esperan los gobernantes que unx se quede en su casa con estos problemas? El Estado es responsable de estas muertes que con un buen servicio podrían haberse evitado. A esto debemos sumar la situación precaria de lxs trabajadorxs, donde 1 de cada 4 sobreviven con sueldos por debajo de la canasta básica, y no pueden darse el lujo de quedarse encerrados ante la pasividad del gobierno.

Mientras el gobierno se niega a asumir el cambio de situación la preocupación social aumenta porque todos sabemos que el sistema de salud provincial no está preparado para afrontar una eventual crisis sanitaria. En todos estos meses apenas se incorporaron 28 respiradores en toda la provincia. En Río Gallegos se sumaron sólo 6 teniendo en la actualidad 6 respiradores pediátricos, 19 adultos y 3 de transporte. Además lxs trabajadorxs de la salud denuncian la falta de provisión por parte de Estado de EPP e insumos y que el bono de $5 mil no ha llegado a todo el personal. Cuando más necesaria son la protección y el reconocimiento laboral y salarial de quienes se encuentran en la primera línea el gobierno, como de costumbre, les da la espalda.

Es necesario replantear  todo antes que la ola de contagios nos lleve a una situación límite que no podremos superar con facilidad. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad planteamos declarar de utilidad pública toda la infraestructura sanitaria para implementar sistema único de salud, la realización de testeos masivos, garantizar las condiciones laborales y salariales de todo el  personal  de salud y retroceder de fase con todos los derechos y servicios asegurados por el Estado.

Javier Martínez