Facundo: juicio y castigo a los culpables

Un cadáver de talla similar a la de Facundo apareció flotando en un canal, al costado de la ruta 3, en una zona llamada Cabeza de Buey, en el partido bonaerense de Villarino, lindero a Bahía Blanca. También apareció su mochila. El aviso lo dio un pescador local, no la Policía Federal a cargo de los operativos de búsqueda y que ya había rastrillado esa zona hace un par de días. Es la misma zona en donde Facundo fue visto por última vez. Y por supuesto, no llegó a ese lugar por voluntad propia.

La verificación técnica del cuerpo la está realizando el Equipo Argentino de Antropología Forense y también se encuentra desde anoche allí la mamá de Facundo, Cristina, a quien, junto a otras organizaciones, venimos acompañando en su lucha.

Según parece, Facundo Astudillo Castro no llegaría a cumplir sus 23 años, el 23 de agosto, fecha para la cual Cristina estaba preparando una nueva movilización. Hacía ya 108 días que poco y nada se sabía del joven. Pero no estaba desaparecido por arte de magia ni víctima de un secuestro extorsivo, sino a raíz de lo que en la Argentina por desgracia ya conocemos de sobra: una desaparición forzada y encima seguida de muerte. Similar al caso de Santiago Maldonado, que Patricia Bullrich y todo el macrismo todavía siguen negando sin la menor vergüenza política ni humana.

Cuando hablamos de una desaparición forzada, definición que incluso reconoce la propia justicia del sistema en la carátula de la causa abierta, es porque dicho delito gravísimo no fue cometido por cualquier particular sino por agentes del Estado, en este caso por la Policía Bonaerense.

El gobierno y el Estado son responsables

Los policías detuvieron a Facundo el 30 de abril, cuando éste iba camino desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca a ver a su novia. La Bonaerense es la mayor fuerza policial del país, que aparte de corrupta y campeona del gatillo fácil fue obviamente desplazada de la investigación por estar involucrada directamente en la desaparición. No obstante, mintió una y otra vez, montó pistas falsas, borró otras y ocultó información. Es el Estado.

El jefe máximo de dicha policía es el ex carapintada, represor de trabajadores y manodurista Sergio Berni, cuya conducta militarista alienta el abuso policial. Y quien lo nombró como ministro de Seguridad provincial y lo sigue manteniendo allí fue el “progresista” Axel Kicillof, por consejo político de Cristina Fernández de Kirchner. Por cierto, ni la vicepresidenta ni el gobernador ignoran los antecedentes de Berni ni desconocen que la Bonaerense sigue siendo la maldita policía. Y no desmantelarla es, de hecho, funcional al encubrimiento. Es el gobierno.

La causa se inició como una mera averiguación de paradero en la justicia provincial, que dejó pasar un tiempo precioso. Luego, por la presión de las evidencias, pasó al fuero federal. El segundo fiscal, Santiago Ulpiano Martínez -quien años atrás defendió a cómplices de genocidas-, desoyó pedidos de la madre de Facundo y sus abogados, dejó filtrar información a medios de prensa afines a la policía y desvió la investigación a hipótesis distintas a la que implica a dicha fuerza. A su vez la jueza interviniente, María Gabriela Marrón, pese a todas las pruebas que incriminaban a los cuatro policías implicados, se negó a ordenar su detención. Es el Estado. Y por eso venimos proponiendo que se forme una comisión investigadora independiente, que no esté supeditada al poder, como única forma de llegar a toda la verdad.

Por su parte, la ministra nacional de Seguridad Sabina Frederic pretende resolver la violencia institucional con algunos protocolos policiales. Y sobre la investigación declaró que su cartera sólo jugaba “un rol auxiliar de la justicia”, deslindando así su propia responsabilidad sobre la vida de Facundo como jefa de la Federal y las fuerzas de seguridad. En cuanto al presidente Alberto Fernández, hace rato que viene elogiando a las Fuerzas Armadas y policiales. Y sólo se refirió al caso de Facundo y llamó a la mamá bajo la creciente presión social y mediática, después de tres largos meses de haber guardado un silencio atronador. Por omisión, no puso todo el peso de su cargo, como principal responsable político del país, al servicio de lograr verdad y justicia en un hecho tan grave como una nueva desaparición forzada en democracia. Es el gobierno.

¡Juicio y castigo! ¡Fuera Berni!

Lamentablemente, la desaparición de Facundo no es un hecho aislado. Hemos tenido antes el caso de Luis Espinoza en Tucumán, la muerte por gatillo fácil de Blas Correa en Córdoba, la desaparición de Franco Martínez también por la Bonaerense, la violación a los qom en Chaco, los tres “suicidados” en comisarías de San Luis y una larga lista de abusos y crímenes por parte de las fuerzas represivas del Estado.

En concreto, desde que asumió el gobierno la gestión de Fernández son ya casi 150 personas las que han sido asesinadas por el aparato estatal, incluidos 57 casos de gatillo fácil policial y otras 67 muertes ocurridas en comisarías y prisiones. En su mayoría, pibes jóvenes. De ese total, 45 fueron en el ámbito bonaerense. Junto a los familiares de Facundo y demás víctimas, desde el MST venimos reclamando en Bahía Banca, en Buenos Aires, en Córdoba y en todo el país junto a otras organizaciones. En CABA, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integramos nuestro partido y el CADHU- ya estaba organizando varias actividades de cara a los cuatro meses de la desaparición forzada de Facundo.

El llamado presidencial a “dar vuelta la página” buscando reconciliar al pueblo con los militares, el darles tareas civiles utilizando la pandemia como excusa, el repetir que “la sociedad está en deuda” con los uniformados, el felicitar a la policía a cada paso y el imponer ciberpatrullaje para “monitoreo social” habilita en estos policías, gendarmes y demás agentes armados mayor autoritarismo, represión y abusos. Es imposible desligar las señales del poder político de las conductas de las fuerzas.

Si se confirma que el cuerpo sin vida es el de Facundo, llamamos al EMVJ y a todas las organizaciones populares a autoconvocarnos y movilizar. Junto a repudiar el asesinato, exigimos una comisión investigadora independiente para esclarecer sus responsables materiales y políticos, y el juicio y castigo a todos ellos. También reclamamos que se vaya Berni y que se disuelva la maldita policía Bonaerense y todo el aparato represivo, ya que son parte activa de la inseguridad. Son nuestras propuestas concretas para defender realmente los derechos democráticos.

Pablo Vasco