Telecomunicaciones: un DNU muy insuficiente y un falso relato

Vamos por la estatización bajo control de los trabajadores y usuarios

Mucho debate ha generado el DNU de telecomunicaciones, pues establece como servicios públicos, esenciales y estratégicos a la telefonía celular, la telefonía fija, el Internet y la televisión paga; al tiempo que suspende el aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. El titular presentador intenta ser prometedor, pero la realidad, como tantas otras veces, si se la ve a luz de la realidad, no propone ningún cambio sustancial. Es un nuevo y falso relato que no modifica nada de fondo.

Inflación, brecha tecnológica en pandemia y tibias medidas

El 2019 llegó a su fin con una inflación anual del orden del 54%, un porcentaje fatal, pero en el 2020 la inflación también vino golpeando fuerte, es decir, va aumentando de manera importante mes a mes. Esta situación afecta directamente la canasta tecnológica, ya que en 2019 el rubro telecomunicaciones registró mayores aumentos incluso que el de alimentos y bebidas, hubo meses que hasta lo cuadruplicó respecto al año anterior. Una familia en Argentina puede gastar aproximadamente $8000 pesos en telefonía celular, internet y televisión, mientras el salario mínimo vital y móvil es de $16.875.

Queda claro que, para este momento histórico, las herramientas tecnológicas son una necesidad básica, sin embargo, existe una brecha gigante entre quienes pueden y no pueden acceder a ellas. En medio de la pandemia, está brecha tecnológica se puso en evidencia, en las familias trabajadoras en general que han visto disminuir sus ingresos para afrontar estos servicios, y especialmente en el sistema educativo donde la virtualidad forzada para aproximadamente 14 millones de estudiantes, sus familias y miles de docentes ha generado condiciones para la expulsión masiva, sobre todo cuando casi el 60% de la población no tiene acceso a una computadora y el 20% no tiene acceso a internet, según el INDEC.

El teletrabajo, también se profundizó en medio de esta pandemia, son en promedio 2 millones de teletrabajadores en la Argentina, quienes tienen que hacerse cargo de los gastos de la energía, el internet y las condiciones físicas. Si bien la reciente Ley de teletrabajo establece la compensación por gastos y se supone que las empresas deberían hacerse cargo de una parte, deja en consideración de las patronales y los convenios colectivos de trabajo en manos de la burocracia sindical, el monto a pagar, por lo cual el trabajador sigue pagando de su salario un porcentaje importante de servicios como la luz, el internet y la telefonía cuando deberían ser una responsabilidad de las empresas.

En medio de estas condiciones llega este DNU de forma tardía, después de que se les garantizó a las empresas aumentos exorbitantes entre el año pasado y estos últimos meses. Es decir que primero aumentan mucho los servicios y luego anuncian por solo 4 meses el congelamiento de las tarifas, lo cual no es suficiente siendo la canasta tecnológica una condición básica para la garantía de la educación y el trabajo. Esta medida, como puede verse, está muy lejos de hacer “esencial” a las telecomunicaciones.

Si es esencial, que se estatice con control social y de sus trabajadores

El DNU salió a pesar de las protestas y maniobras por derecha de Juntos por el Cambio, de las pataletas de grupos corporativos internacionales y otros como Clarín, un conjunto de grandes empresas del sector beneficiadas los últimos años con el triple play y otros negocios. Desde ya repudiamos el accionar de todos estos sectores, quienes se oponen incluso, a medidas tan parciales e insuficientes como la actual.

Como en muchos temas, el gobierno no pasa de un relato parcial, para que en el fondo nada cambie. Congelar tarifas unos pocos meses es casi elemental, aunque ya el precio actual es impagable para millones de asalariados que vieron incluso reducir sus ingresos durante la pandemia. Hay que retrotraer las tarifas al 2019 y con tarifa social para desocupados y jubilados. Y, sobre todo, hay que cambiar todo el modelo. Si es una cuestión esencial no puede estar en manos de corporaciones privadas que solo piensan en sus negocios. La única salida, en medio de la crisis económica que se está profundizado y donde la canasta tecnológica es un servicio vital para toda la población, pasa por estatizar bajo control de trabajadores y usuarios estos servicios básicos y esenciales, pues esta es la única forma de garantizar acceso universal y de calidad.