Tomas de tierras: la mano dura del binomio Berni-Kicillof
La tolerancia cero ante las tomas de tierras, impulsada por Berni con aval de Kicillof, adquiere forma de política de Estado a nivel bonaerense. Ante la crisis habitacional, la represión es la única respuesta del poder a quienes, en plena pandemia, no tienen un techo garantizado. El “derecho” a la propiedad privada es el orden que legitima las desigualdades reinantes.
Nicolás Zuttión
A menos de 24 horas de confirmarse la identificación del cuerpo de Facundo Castro, Sergio Berni, que como jefe de la Bonaerense es uno de los responsables políticos directos del caso, no para de pasearse por los medios para relatar la receta con la que piensa atacar las tomas de tierras. Muchos debates se dieron en estos días sobre si Axel Kicillof y su ministro de seguridad tenían diferencias sobre cómo tratar el caso. Hoy, en una entrevista por Radio Mitre, Berni desensilló ese claroscuro afirmando que “el gobernador entiende y comprende la situación como yo; si no, ya me hubiera echado a patadas”.
Las declaraciones de Berni encastran, también, con lo pronunciado por el presidente y la ministra Frederic (que cambió su posición en menos de un día). Alberto Fernández, en el programa a Dos Voces, se encargó de enfatizar que las tomas “son un delito”. Luego, muy tímidamente, ante el gran contingente que se encuentra sin vivienda dijo que la cuestión es “un problema social”. Pero en vez de anunciar un amplio plan de construcción de viviendas para paliar este flagelo, de forma orgullosa comentó que este viernes con Kicillof presentarán el Plan Centinela 2. Otra cuota de represión asegurada.
Cuatro millones de familias sin techo
Según registros de 2019, en la Argentina son cuatro millones de familias las que carecen de un hogar. Paralelamente a esta crisis, hay más de un millón de viviendas vacías, sin ser habitadas. En síntesis: mientras crece el déficit habitacional, avanza el negocio de la especulación inmobiliaria custodiada por los sucesivos gobiernos.
Fernández, Berni, Kicillof y Massa, junto a un grupo de intendentes bonaerenses, se han manifestado en favor de mantener el orden, respetar las leyes y la sacrosanta propiedad privada. Sin embargo, no hace falta ser revolucionario para reclamar que se cumpla el derecho a la vivienda: el artículo 14 bis de la Constitución nacional garantiza el derecho a todos los habitantes del país a tener una vivienda digna. Para los pobres, pareciera, según los dichos del Frente de Todos, la Carta Magna no tiene valor.
Con el discurso fachistoide que lo caracteriza, Berni apunta en sus declaraciones a que las tomas son armadas por narcotraficantes, barrabravas, revendedores o cualquier otro tipo de conspiración. Algún lumpen debe haber, claro. Pero en su aplastante mayoría las tomas las realizan personas que pasan todas las inclemencias que sufren quienes son excluidos por el Estado y viven en condiciones de miseria.
Por una solución real
Todo el Frente de Todos se adjudica el valor de defender la propiedad privada (nada que envidarle a Cambiemos). A través de esta consigna tratan de imponer una fotografía que no existe sobre quienes defendemos el derecho a las tomas y la vivienda digna. En general los hechos ocurren en terrenos ociosos, que muchas veces son fiscales. En ningún momento se está hablando de la toma de una vivienda familiar. Por lo tanto, lo que prima es la obligación de resguardar el derecho a la vivienda de las masas empobrecidas. Pero como no es suficiente, para resolver la crisis habitacional existente creemos necesario poner a disposición todo edificio que se encuentre deshabitado.
A ese objetivo apunta el proyecto de ley de alquiler social que presentó Alejandro Bodart en la Legislatura porteña cuando fue diputado: al subir el ABL a todo inmueble apto para vivienda que esté desocupado, lo empuja al mercado de alquileres para así abaratar los precios. Y, conjuntamente, por supuesto, desarrollar un plan masivo de construcción de viviendas populares.
La alegría de Kicillof de tener un funcionario como Berni, que se jacta por Twitter de “el desalojo de 868 tomas de terrenos y 524 presos, para culminar defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada”, está despejando algunos mitos sobre su supuesto progresismo. No somos las fuerzas de izquierda las que negamos el derecho a una vivienda: son los partidos del sistema, los que gobiernan, quienes permiten que, cada vez más, seamos millones los que no tengamos a un acceso a un techo.