¿En qué gastan los ricos?

A partir de la discusión que se dio sobre implementar un impuesto a las grandes fortunas, el país se vio inmiscuido en un debate alentado por las grandes empresas comunicacionales. El discurso del miedo que indica que no llegarían más inversiones después de una iniciativa de este tipo, imprime la estrategia mediática de los más poderosos. Pero ¿invierten realmente los grandes millonarios en Argentina?

Nicolás Zuttión

En abril comenzó la promoción de la medida, pero Carlos Heller y Máximo Kirchner esperaron hasta agosto para presentar el proyecto denominado “Aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas”. Como hemos indicado en otros artículos, la propuesta es bastante pobre y es en ese sentido que alentamos el proyecto presentado por la bancada del FIT-U, a la vez que consideramos que este tipo de impuestos debe ser de carácter permanente. Para recordar, la iniciativa del Frente de Todos sólo grava a las personas físicas y no a las empresas, afecta solamente a quienes superen un patrimonio de $200 millones (desde la izquierda exigimos tiene que cobrársele a todo aquel que declare $100 millones de patrimonio y con una tasa del 5%, 10% y 15%, no del 2% y 3,5% como propone el proyecto del oficialismo) y recaudaría apenas U$S4.000 millones (con el proyecto que reivindicamos se alcanzarían de U$S15.000 millones).

Como era de esperar, los millonarios, a partir de la puesta en debate de estos proyectos de ley, pusieron el grito en el cielo. Con la excusa de que Argentina es un país caro por la carga impositiva que deben afrontar, sumado a esta iniciativa, amenazan con retirar sus inversiones del país. Estos son argumentos que, con datos duros, no duran ni un minuto.

Dónde tienen y en qué utilizan el dinero los ricos

Durante el último programa de Brotes Verdes, de Alejandro Bercovich, el conductor demostró que, según datos del último anuario de la AFIP se comprueba que los millonarios afectados (un poco más de 34.000 personas) por la nueva iniciativa de la bancada oficial, tienen su patrimonio en un 70% en activos externos y un 30% en territorio local. Además, constató que, nuevamente en base a datos de la AFIP, los U$S106.000 millones están divididos de la siguiente forma:

• la mitad está en bonos;
• una cuarta parte en depósitos bancarios;
• una quinta parte en inmuebles;
• y sólo un 5% de ese total se destina a participaciones en empresas.

Esto indica que, la burguesía local a un nivel superior de lo que lo hace esta clase a nivel mundial, trabaja su capital en el mercado financiero especulativo más que en el productivo. Una muestra de esto lo da un informe de la consultora Capgemini, donde revela que “…dedican, aproximadamente, un 30% de su patrimonio a la inversión bursátil y mantienen, por las dudas y para aprovechar oportunidades, un 25% en liquidez. El resto de su cartera está repartida entre renta fija (17%), activos inmobiliarios (14,5%) y otras inversiones alternativas (13%)”.

Volviendo a argumentos presentados por el periodista económico Bercovich, el Aporte Solidario presentado por Máximo y Heller, no resulta molestia alguna para tales riquezas. Según su artículo publicado en BAE Negocios Tironeado, Fernández esboza su pacto social post-pandemia, por la tenencia del 70% de su patrimonio en activos extranjeros y producto de la devaluación mensual promedio de un 2%, la alícuota se pagaría sola en un mes.

Una orientación que no va cambiar con o sin impuesto

Los números que exponen la forma en la que se compone el patrimonio de los grandes millonarios, para los marxistas, presenta una conclusión. El vuelco hacia la especulación financiera, en todas sus variables (bonos, tasa de interés en plazos fijos, etc.), expone la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Montar fábricas, nuevos puestos de trabajo, no figura en el horizonte de los capitalistas locales. La inversión en máquinas, herramientas y materias primas (capital constante), más lo invertido en salarios (capital variable), no resultan tan redituables para los millonarios ante las formidables tasas de interés que promueven los mecanismos financieros mencionados. Y esto considerando que Argentina presenta un salario mínimo en dólar más bajo que el alcanzado en 2001, valuado en U$S122 (siendo uno de los salarios más bajos de la región).

Ahora, para que esta tendencia se revierta, aunque no de forma cualitativa, lo que se busca es el avance en reformas estructurales que modifiquen el mercado laboral. En este sendero se encuentra Alberto Fernández negociando con el FMI una nueva reestructuración de la deuda que, seguramente, cuente con ítems como: una reforma laboral, previsional e impositiva. En síntesis, sólo de esta forma existiría la posibilidad de absorción de mayor plusvalía a la fuerza de trabajo, para motivar nuevas inversiones en el plano productivo.

A favor del impuesto y un modelo socialista

Como se expuso más arriba, estamos a favor de un impuesto a las grandes fortunas. Pero no de la farsa propuesta por el oficialismo, sino por uno que sirva para hacernos de fondos para atender las necesidades acuciantes de las mayorías populares. El discurso de los jerarcas del capital argentino, se cae cuando se comprueba que son ellos quienes asfixian los recursos del Estado con bonos de deudas o especulaciones que sólo sirven para incrementar sus fortunas.

Ante esto, la estatización de la banca se pone como medida urgente a tomar. Que el 70% del patrimonio de la burguesía criolla esté en el exterior o en moneda extranjera, significa que son responsables de la fuga de divisas que entre 2015 y 2019, significó una pérdida de U$S86.000 millones, según lo informado por el Banco Central en mayo de 2020.

Recursos para levantar el país sobran, la principal traba se encuentra en la clase dirigente. La burguesía local que brega por un modelo colonial, basado en la fuga de capitales, el endeudamiento permanente y en mantener la producción primaria de la matriz productiva, es la principal rémora para la producción de riquezas. Por eso sostenemos la necesidad de un modelo económico en donde los recursos estén destinados para mejorar las infraestructuras de derechos básicos como la educación y la salud, la construcción de casas y puestos de trabajo de calidad que garanticen ingresos equiparables a una canasta básica. Un modelo que priorice la vida del 99% ante las ganancias del 1%.