Las niñas no son madres
En Corrientes le practicaron una cesárea a una niña de 10 años, que fue abusada sexualmente por su padrastro. En la provincia donde no se adhiere al protocolo ILE, el clima medieval y machista, obligó a una niña a ser madre.
Violeta González
Trascendió en todo el país el caso de una menor que forzaron a gestar tras cumplirse 39 semanas de embarazo. El abuso fue cometido por su padrastro, ex pareja de su madre. El caso se encuentra judicializado desde que se confirmó la gestación.
La niña no tuvo acceso al derecho de interrumpir el embarazo, ya que la provincia de Corrientes no adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el cual contempla la detención del mismo en los casos de abuso sexual.
En febrero de este año el gobernador Gustavo Valdéz, declaró: “Corrientes sigue siendo una provincia ‘pro vida’ y vamos a seguir abrazando la vida de todos los seres humanos. Apostamos a la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios para aspirar a una mejor salud reproductiva, cuidando a las mujeres y también al niño por nacer”
Frente a este tipo de declaraciones, lamentablemente, no sorprende el accionar de las instituciones, negando el derecho de interrumpir el embarazo y obligando a una niña de 10 años a ser madre.
Estos casos no son novedad en nuestro país, según las últimas estadísticas de natalidad difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación “(…) de cada 292 nacimientos que se registran en nuestro país, uno tiene como madre a una niña que no supera los 14 años de edad, lo que equivale a un nacimiento cada 4 horas”.
Estas cifras alarmantes que tienen como víctimas a niñas y adolescentes no son casuales, la provincia de Corrientes además de no adherir a la ILE, tampoco capacita a sus funcionarios con perspectiva de género –lo que está dispuesto por la Ley Micaela-, ni cumple con la ESI en las escuelas.
Es claro el posicionamiento de estos gobernantes en favor de políticas del medioevo, que generan simpatía en sectores eclesiásticos y no atienden a las necesidades reales de las personas con capacidad de gestar.
Las conquistas que hemos logrado a partir de la lucha del movimiento feminista y disidente han marcado el camino para seguir peleando por lo que nos corresponde. En 2018 logramos la media sanción en Diputados para hacer ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo que luego fue rechazada por los dinosaurios del Senado.
Actualmente el presidente Alberto Fernández quiere enviar al Congreso una ley propia, no la que presentamos desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desoyendo de esta manera el proyecto que levantó la marea verde en 2018, todo, con la intención de quedar bien con el Vaticano.
Por si eso no fuera poco, Fernández utiliza la excusa de la pandemia para aplazar la ley que iba a presentar, diciendo que “este no es el momento” de tratarlo porque el personal de salud está trabajando incansablemente. Paradójicamente, el aborto siendo clandestino presupone más gastos para el sistema de salud, en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que entre 450 mil y 500 mil personas abortan cada año. Justamente, esto conlleva a más abortos clandestinos que requieren internación e intervención en hospitales, ocupando lugares en Unidad de Terapia Intensiva.
La frase “niñas, no madres” se replica cada vez que sucede un caso como este, debemos seguir en las calles para que de una vez por todas dejen de decidir sobre nuestros cuerpos y la Educación Sexual Integral sea una política que se aplique en todas las instituciones educativas para evitar que sigan sucediendo casos tan aberrantes como este.