Megamineras: con permiso para tomar tierra
En las últimas semanas se puso en tela de debate el tema de las tomas de tierras que llevan a cabo cientos de familias en diferentes lugares del país, como la toma en Guernica, donde se encuentran más de 2500 familias en un predio de más de 100 Ha, o la de El Bolsón, donde se encuentran más de 130 familias que no tienen un techo donde vivir y realizan estas tomas para reclamarlo. El gobierno apostó por los desalojos, pero sin una política concreta de solución al problema de la vivienda. Las políticas estatales durante las últimas décadas en cuestión de territorio y soberanía tuvieron un claro eje extractivista.
La vivienda: un tema relegado
La insuficiente política estatal de viviendas ha llevado a un déficit habitacional de más de 3.5 millones de viviendas en todo el país según un estudio de la CIPPEC1, en donde también se afirma que los presupuestos destinados a viviendas no alcanzan para generar políticas que cubran la falta de hogar que sufren las familias.
Durante la pandemia, donde el gobierno puso una cuarentena estricta durante meses, la situación se agravó, ya que los despidos y suspensiones no cesaron y se otorgó un IFE insuficiente, generando que las personas no puedan pagar su alquiler y quedaran sin techo. Rápidamente el gobierno dispuso efectivos policiales para desalojar las tomas y hacer respetar la tan venerada propiedad privada. Así, vemos que el Estado argentino no pone como prioridad acabar con este flagelo que afecta a los argentinos más pobres y más golpeados de la sociedad.
Pero el fin de este artículo no es evaluar la situación de las tomas actuales, sino las “tomas” que son políticas de Estado y que a lo largo de todos los gobiernos han sido respetadas e impulsadas. Desde la tan conocida campaña del “desierto” y la campaña del Chaco, que tuvieron un saldo de miles de personas de pueblos preexistentes masacradas, el Estado argentino ha tenido como política tomar tierras y facilitarle a los amigos del poder, como la oligarquía nacional, o más recientemente las multinacionales extractivistas, los recursos nacionales que son de todo el pueblo.
Para el pueblo no, para la megaminería sí
Hoy en Argentina se encuentran activos alrededor de 20 emprendimientos mineros. Se podría decir que este proceso de política extractivista tiene origen en el gobierno de facto de la última dictadura, donde el ex ministro Martínez de Hoz, con el decreto ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, eliminó las regulaciones a dichas inversiones. Ya en democracia, Menem firmó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, donde se creó una zona de unos 4000 km de superficie sobre la cordillera en el cual se les permite a las mineras asentarse sin inconveniente, dando lugar a un territorio exclusivo para las megamineras. Estas multinacionales también están beneficiadas impositivamente por la ley 24.196 de inversiones mineras, por la cual reciben beneficios impositivos durante 30 años, en el cual pagan impuestos magros para el nivel de las ganancias generadas. Además, no se pueden generar nuevos impuestos para las megamineras.
El frente político gobernante actual no está exento de este rumbo extractivista. Durante los primeros 12 años de gobierno kirchnerista no pusieron ningún freno a la megaminería y les permitieron, por ejemplo, liquidar todas sus ganancias y llevárselas al exterior con el decreto 753/04, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. También bajo su gobierno se permitió la instalación de la mina Veladero en San Juan, por parte de la empresa multinacional Barrick Gold. Durante los mandatos de Cristina Fernández sucedió el “mayor desastre minero de la historia argentina” donde se derramó líquido con cianuro en la mina de Veladero, contaminando el agua.
A pesar de que ocurrieron otros derrames subsiguientes, y de la contaminación que estos traen, la mina de Veladero sigue funcionando. La megaminería a cielo abierto no trae nada bueno para la población. En este tipo de minería se genera un megacráter en el suelo y se utilizan químicos tóxicos para poder extraer los minerales. Esto produce, en primera instancia, cambios en la superficie de la tierra, y contaminación del aire con el polvillo que se desprende al hacer el cráter. Más importante aún es la contaminación del agua que genera que los residuos no se traten correctamente, ya que los químicos utilizados terminan en los caudales de agua superficial, o incluso se filtran hacia el subsuelo, contaminando el agua subterránea.
El gobierno y las empresas megamineras prometen trabajo, pero hay claros ejemplos de que no dan el suficiente como para acabar con el desempleo en el país, además de no ser rentable para la vida humana tener que contaminar el ambiente a cambio de algunos puestos de trabajo. Por ejemplo, la Minera Alumbrera en Catamarca prometió 10.000 puestos de trabajo, pero en lo concreto se emplearon solo 4.000 para su fase de construcción, y para 2001 el censo mostró que tenían 1.800 empleados.2
También durante el gobierno de Cristina Fernández se vetó la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, que establecía un presupuesto para la protección de los glaciares, su función en el ecosistema y su biodiversidad. El veto a esta ley deja a los glaciares sin protección y facilita que las empresas mineras exploten los territorios donde hay glaciares, como la mina Pascua Lama en San Juan.
Hoy Alberto Fernández sigue proyectando a una Argentina saqueada por el extractivismo. A comienzos de este año el presidente festejó anticipadamente la derogación de la Ley 7722³ de la Provincia de Mendoza que prohíbe “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.” ⁴
Tanto el veto a la Ley de Protección de Glaciares como la derogación de la Ley 7722 de Mendoza generaron molestias en la población y, con esto, grandes movilizaciones. Es así como en Mendoza no se logró derogar la ley. San Juan lleva una lucha histórica en contra de la explotación de Veladero, ya que sufren constantemente la contaminación.
Invertir las prioridades
¿Cómo es posible que, en Argentina, el octavo país más grande en extensión territorial en el mundo, se siga manteniendo una política de más 40 años de permitir la entrada y apropiación de nuestras tierras y recursos a empresas multinacionales que se llevan nuestras riquezas sin dejar nada a cambio más que contaminación, y aún estemos hablando de un déficit de más de 3 millones de viviendas?
Las prioridades de los gobiernos siempre han sido la de las multinacionales, la de defender la propiedad privada, pero si se trata de riquezas que nos pertenecen a todos no tienen problemas en crear legislaciones especiales para el beneficio privado de multinacionales.
Tomar partido por los miles de familias sin hogar y exigir una política real para terminar con este flagelo es luchar por un cambio en este sistema extractivista, donde los únicos ganadores son multinacionales y acreedores, beneficiados por gobiernos de unos pocos.
Emanuel Oliva y Gabriela Perri
[2] http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20161025033400/15mitos.pdf
[4] http://argentinambiental.com/legislacion/mendoza/ley-7722-prohibicion-sustancias-quimicas/