Cárceles en Córdoba, al borde de una crisis humanitaria

Escribe: Guadalupe Limbrici

En septiembre se confirmaron los primeros contagios de coronavirus dentro de las cárceles de Córdoba, que rápidamente se fueron multiplicando: primero se detectó un brote en el establecimiento penitenciario Nro. 9 U.C.A., luego se confirmaron casos en establecimientos penitenciarios de Bower, Villa María, Cruz del Eje, San Francisco y un brote masivo en el pabellón 8 de Río Cuarto.

Las denuncias de familiares y de personas privadas de la libertad se repiten: el hacinamiento, la falta de elementos de higiene básicos e incluso de agua, la falta de atención médica tanto para covid como para otras patologías y la falta de información.

Las familias denuncian por ejemplo, que recién en septiembre, luego de la confirmación del primer contagio en la cárcel de Río Cuarto, se permitió el ingreso de barbijos y alcohol en gel.

El propio gobernador de la provincia Juan Schiaretti visitó hace algunos meses la carpa sanitaria instalada en Bower[1] acompañado por los ministros de Salud Diego Cardozo y de Justicia Julián López, que se supone iba a estar a disposición para hacer frente a la pandemia. También se instalaron carpas sanitarias en las cárceles de Río Cuarto y San Francisco, sin embargo, se denuncia que no cuentan con el personal médico necesario y que es muy limitado su uso. En Río Cuarto, por ejemplo, se informó que ante el brote masivo, se iba a utilizar la carpa para aislar a las personas que no estuvieran contagiadas.

La situación es tan desesperante que en estas semanas se repitieron tanto los motines y huelgas de hambre dentro, como las protestas de familiares fuera de las cárceles. En todos los casos la respuesta fue la represión y el hostigamiento.

Antes del coronavirus

La violación de los derechos humanos en las cárceles de Córdoba no comenzó con la pandemia. El coronavirus agravó una situación que ya era alarmante y había sido denunciada en muchas ocasiones.

​En 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, visitó el país con “a fin de evaluar la situación y los desafíos existentes en el país en relación con la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[2].

Luego de visitar el Complejo Esperanza, el establecimiento penitenciario Cruz del Eje, el complejo carcelario Bouwer y el pabellón 3 para mujeres embarazadas y mujeres con hijos, además de una de las unidades penitenciarias para varones del mismo complejo y el Establecimiento Penitenciario Nº 9, realizó una serie de observaciones al Estado.

Alertó sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la prolongada ausencia de acciones para promover la investigación o el proceso judicial por parte de  fiscales y jueces; denunció la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y carcelarias y la impunidad; golpizas a personas esposadas, el uso de técnicas de asfixia, armas de fuego como medio de intimidación y remarcó la denuncia de casos de tortura y maltrato en las cárceles de Cruz del Eje y Bower, entre muchos otros aspectos. El relator concluyó con una observación que estremece: “parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad”.

Un informe más reciente[3], también ilustra la realidad de las cárceles previa a la pandemia. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inspeccionó 16 lugares de privación de la libertad en la provincia: la Unidad de Contención del Aprehendido N°9, el Complejo “La Esperanza”, el Complejo Penitenciario N°1 “Reverendo Francisco Luchesse”, el Establecimiento Penitenciario N°3 para mujeres, la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, el Establecimiento Penitenciario N°5 Villa María, el Establecimiento Penitenciario N°6 Río Cuarto, el Complejo Carcelario N°2 “Adjutor Andrés Abregú”, las comisarías N°1, N°2, N°5, N°6, N°7, N°10, N°14 de Córdoba Capital y Comisaría Distrito Cruz del Eje.

En el informe de este organismo oficial se denuncian hechos de trato inhumano y degradante y casos de tortura y maltrato en el momento de la detención, en allanamientos a viviendas y durante la permanencia en cárceles y comisarías, tales como el uso de picanas y cajas de cartón mojadas puestas sobre el cuerpo, para que los golpes no dejen marcas; el uso de mecanismos de sujeción para someter a las personas utilizando cadenas o bandas de tela, y sosteniendo este maltrato durante dos o tres días, privando el acceso al baño, la comida o agua.

El comité recibió numerosas denuncias de causas fraguadas, menciona el uso de la figura de resistencia a la autoridad para hostigar mayormente a jóvenes de sectores populares, y alerta sobre el gran porcentaje de detenidos bajo esta figura.

Además de las torturas y maltratos, la Comisión denunció hacinamiento y sobrepoblación en todas las unidades visitadas, sectores de aislamiento que  no son aptos para alojar personas y no responden a los criterios mínimos de habitabilidad, presencia severa de plagas en todos los establecimientos penitenciarios, estructura edilicia y alimentación deficientes y falta de entrega de productos de higiene de primera necesidad.

Presentación en la Justicia

Luego de tratar el tema en el recinto legislativo y presentar pedidos de informe a las autoridades, la legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, presentó un Habeas Corpus colectivo de carácter preventivo y correctivo en la Justicia para exigir la protección de la población carcelaria en el contexto de coronavirus. Al respecto, declaró: “de los brotes en las penitenciarías, los contagios y posibles muertes por coronavirus el único responsable es el Estado”.

Con esta presentación se busca denunciar la gravísima situación que están atravesando las personas privadas de su libertad en las cárceles de la provincia, donde la perspectiva, si no se toman medidas urgentes, es la del colapso y una verdadera crisis humanitaria.

Privados de la dignidad

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,

para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”

Art. 18 – Constitución Nacional

En una provincia donde los contagios y fallecimientos por coronavirus continúan en marcado ascenso, con más de 30 mil casos y más del 60% de ocupación de camas del sistema de salud, la perspectiva es por demás preocupante.

Las condiciones inhumanas de encierro muy lejos están del cumplimiento de la Constitución Nacional y de los numerosos tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Hay sobradas pruebas del mantenimiento del castigo, la tortura y las violaciones a la dignidad humana en todos los establecimientos penitenciarios, sin embargo, no se toman las medidas necesarias para terminar con estas situaciones.

Al mismo tiempo, hay una realidad innegable y es que la mayoría de las personas privadas de la libertad son de los sectores populares, mientras que quienes tienen más recursos económicos siempre logran evadir el encierro, y aún en los casos en que son encarcelados, no lo hacen en las mismas condiciones que el resto y gozan de beneficios.

Estos problemas son estructurales y responden a políticas que reproducen y perpetúan la desigualdad social. La pandemia de coronavirus agravó las condiciones de encierro y dejó en evidencia una realidad que hoy pone al borde de una crisis humanitaria a todas las personas privadas de su libertad, y dignidad.

[1] https://twitter.com/gobdecordoba/status/1263548361371770888?s=20

[2] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22974&LangID=S

[3] “Informe sobre Inspecciones a la Provincia de Córdoba” del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura 2018-2019