IOSFA: por una auditoria transparente y con participación de les trabajadores
Como sucede en el sistema público de salud la crisis de la IOSFA (Instituto de Obra Social de las fuerzas Armadas) no puede atribuirse a la pandemia por Covid-19, la denuncias por el recorte de prestaciones a lo largo y ancho del país tienen causas de larga data. La política sostenida de vaciamiento, privatización y precarización llego al límite y se hizo público con el cambio del gobierno y gestión en 2019.
En el mes de junio las autoridades de la obra social, denunciaron públicamente un vaciamiento 3 mil millones heredados de la gestión anterior a cargo de Barrios, con Oscar Aguad como Ministro de Defensa y Mauricio Macri como Presidente. Hoy a casi 9 meses la deuda heredada llega a casi 6 mil millones.
La situación crítica la expresan los distintos petitorios presentados por afiliados/as y usuarios/as que reclaman: “restitución inmediata de la asistencia sanitaria en numerosos del país y unificar al 6 por ciento las cuotas de los aportes del personal militar y civil, tanto en actividad como los retirados”, “Desplegar la transparencia de la administración para que los afiliados tenga accesos a los datos de los balances y las auditorias, los escalafones de sueldos de todo el personal de la empresa y el plan estratégico de la obra social” y la “necesidad de una auditoria externa independiente a fin de aclarar si hubo una “gestión deficitaria de los fondos de los socios y revisar los convenios con las farmacias para tener mayor calidad de atención, mejoras en los descuentos a los afiliados y crear farmacias propias de la obra social”.
Es evidente que hay responsabilidades compartidas por todas las gestiones, que hicieron que se prioricen negocios particulares por sobre las reales necesidades de afiliados y trabajadores. El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó recientemente una auditoria que detalle el estado patrimonial y financiero de la IOSFA, que también integran altos mandos de las Fuerzas Armadas. A su vez, Darío Díaz Pérez, Presidente actual, hizo pública una nota donde señala que la investigación sería sobre compras y gastos relevantes de la obra social. La nota indica, por ejemplo, que se realizaron “más de 100.000 compras y contrataciones incumpliendo el Procedimiento de General de Compras y Contrataciones del IOSFA” evadiendo los procedimientos y controles o se utilizaron sistemas para pagar más de una vez la misma factura. Esta situación, correctamente pone en estado de alerta a todos los trabajadores del país.
Si vamos a los datos concretos, el Instituto maneja una caja de 60 mil millones de pesos anuales y cuneta con más de 600 mil afiliados y afiliadas. En su extensión nacional comprende a 3.400 trabajadores y trabajadoras estatales. En este punto, es importante señalar que la denuncias sobre el desfinanciamiento, vaciamiento y malversación de fondos públicos siempre fue un reclamo de les trabajadores dado que repercuten directamente sobre las condiciones de trabajo, que se deterioran y precarizan. A lo que se suman salarios de pobreza, años de contratos basura y el recorte de prestaciones y medicamentos en todo el país.
Es urgente que se abran los libros, que la investigación sea transparente para saber el estado presupuestario real, que se investigue a fondo y si se confirma incumplimiento de los deberes públicos que haya justicia y se recuperen los fondos. Eso solo se va a garantizar si hay control de trabajadores y afiliados.
Los y las trabajadoras no estamos al margen, también somos víctimas por eso venimos impulsando asambleas, campañas de difusión y visibilización como el reciente paro del 6 de octubre de estatales a nivel nacional. En el camino de seguir sosteniendo la defensa de cada derecho y todas las condiciones de trabajo será clave profundizar la organización democrática en todo el país e impulsar acciones de coordinación entre trabajadores y afiliados y afiliadas.
Maximiliano Bares, delegado ATE IOSFA. Alternativa Estatal – ANCLA