Para lograr una vacunación masiva: Anular las patentes farmacéuticas

Nada cambió en un mes desde que en Europa saltó el tema de las patentes de las vacunas, motivado por la escasez y los lentos ritmos de vacunación. En nuestro país, como muchos otros, se ha vacunado menos del 1% de la población, a pesar de anuncios y promesas. El problema de base es que la producción está en manos de pocos laboratorios que tienen los derechos y exclusividad de producción. La pandemia exige que se eliminen todas estas trabas legales y económicas para que se logre escalar la producción hasta alcanzar una vacunación masiva, a través de la anulación de las patentes.

Escribe: Gerardo Uceda

La pandemia por Covid-19 que agravó la crisis de la economía y puso en cuestión la salud mundial, ha colocado en primer plano el debate de las patentes. Se trata de una discusión que parecía saldada desde la década de 1990 donde, presionados por las principales multinacionales y acorde a los deseos del imperialismo, los gobiernos firmaron un acuerdo denominado ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio; TIPS en inglés). El mismo sobreprotegió a las empresas en cuanto a derechos y patentes abarcando a la industria farmacéutica. Estos derechos le otorgan a las empresas o laboratorios la exclusividad de producción y les aseguran ganancias extraordinarias por un plazo que puede extenderse hasta los 20 años. Eran años de auge del neoliberalismo y de prevención a que la globalización de la tecnología y conocimientos pusiera en peligro sus de por sí fabulosas ganancias. Sin embargo, hasta en ese acuerdo, hecho a la medida de las empresas, tuvieron que poner excepciones en casos extraordinarios (y la pandemia por coronavirus vaya si lo es), como son la expropiación de licencias y la licencia obligatoria, a través de las cuales los Estados pueden quitar esos derechos de exclusividad y cederla a otros privados o públicos. Las empresas farmacéuticas lo saben y por eso han salido a defenderse y argumentar en contra de estos atributos de los Estados.

Se alzan algunas voces

Desde el principio de la pandemia hubo distintas expresiones, en general tímidas y parciales que iban en el sentido de eliminar las patentes, primero fue el presidente de Costa Rica, luego la iniciativa de Sudáfrica e India ante la OMC y también más decidida la de Médicos Sin Fronteras que piden lisa y llanamente la eliminación de las patentes para poder atacar la pandemia. La discusión abarcó desde elementos de protección como los barbijos N-95 para que se pudieran fabricar en cualquier país, hasta los posibles medicamentos que se descubrieran. En el caso del Respirador (ventilador) Puritan Benet 560 para ventilar a pacientes graves, la misma fábrica liberó la patente desde el vamos.

Pero son las vacunas las que están suscitando la mayor discusión. Fue hace más de un mes que Alemania ante la escasez de vacunas y los lentos ritmos de vacunación de su población habló de la posibilidad de expropiar las patentes en la Comunidad Europea, también se acopló España. Por supuesto, las empresas farmacéuticas salieron con los tapones de punta, Pfizer diciendo que este mecanismo era “peligroso”, que no ayudaba a resolver el problema, etc. Otros como Astra Zeneca, que la vendería al costo. Y la mayoría operando en las sombras para que esta iniciativa no prospere.

El estado actual del problema

El tema que no pueden ocultar las farmacéuticas es que a pesar de su sed de ganancias y haciendo todos los esfuerzos, no logran escalar la producción para lograr la ansiada vacunación masiva que logre una inmunidad de rebaño en un 60-70% de la población y así controlar la pandemia.

Lo que en realidad pasa es que a pesar de que los países adelantaron los fondos, pagando por millones de dosis éstas no llegan y aún los países más ricos no logran vacunar a más de 10-15 o 20% de su población.

Pasa el tiempo y el problema continúa y se agregan otros como la aparición de nuevas cepas y variantes, algunas como la sudafricana que parece ser resistente en un 66% a las vacunas actuales y podría continuar empeorándose el panorama. Por eso la discusión sobre la anulación de las patentes, que permitiría la producción en decenas de países y cientos de laboratorios, logrando una escala de producción muchas veces superior a la actual, sigue más vigente que nunca.

¿Por qué se oponen los laboratorios?

La respuesta es más que sencilla. Las patentes que, como dijimos pueden extenderse hasta 20 años, pero en promedio duran 5-10 años, le otorgan la exclusividad de producción al laboratorio que la registra. Esto supone una ganancia extraordinaria, que es difícil de mensurar, pero que a juzgar por los costos a los que son vendidas las drogas una vez que las patentes expiran, sería del orden del 1000% y más también. Encima cuando ellos “conceden” las licencias a otros laboratorios estos tienen que pagarles regalías o “royalties”, es decir que ganan sin producir ni poner un peso. Es fácil entender entonces la defensa encarnizada que hacen de la preservación de dichas patentes.

Las ganancias obtenidas por medio de estos derechos de patente son tan exorbitantes que hace que en menos de un año recuperen con creces el total de lo invertido y el resto es todo ganancia a niveles extraordinarios. Y esto pasa habitualmente con cualquier medicamento o vacuna que tiene competir en el mercado y demostrar efectividad para ser vendido, ni hablar entonces lo que esperan ganar en el caso de las vacunas para el Coronavirus, donde cuentan con un “mercado” asegurado de miles de millones de seres humanos. Negocio redondo.

Las leoninas condiciones contractuales de la vacuna de Pfizer, que trascendieron en los últimos días, dan fe del fabuloso negocio y de la actitud de mercaderes de la salud de estas multinacionales.

Es necesaria e imprescindible la anulación de las patentes

Descartamos entonces de plano los argumentos de las farmacéuticas, no sólo porque están viciados de intereses económicos, sino también por falaces. Ellos argumentan que invirtieron cientos de millones en investigación y conocimientos que otros no poseen, lo cual es falso ya que en este caso en especial fueron los Estados los que adelantaron los fondos para que investigaran y las universidades públicas las que aportaron los principales científicos y conocimientos para el desarrollo de las vacunas.

Pero la cuestión de fondo es más importante que las ganancias de los laboratorios y sus argumentaciones. Se trata de la vida de cientos de millones de seres humanos. Hoy se quejan aún los países más desarrollados y ricos. Pese a que han comprado y pagado por adelantado millones de dosis, que muchas veces superan varias veces el número de su población, aun así, no les llegan las vacunas. Pero en una situación muchísimo peor están la inmensa mayoría de los países pobres o en desarrollo, que no pueden acceder a pagar las vacunas y ni siquiera están en los planes porque no les representan ganancias. Otros como Argentina parecen tener contratos o promesas, pero las vacunas no llegan o llegan a cuentagotas, porque los grandes laboratorios priorizan a los países imperialistas.

Este desmadre no tiene ninguna lógica sanitaria. Para proteger las ganancias de unas pocas empresas farmacéuticas se está privando a la población mundial de beneficiarse con la única herramienta que hasta hoy ha probado ser eficaz contra el virus: la vacuna.

Si se anularan las patentes, no solo se podría multiplicar la producción en decenas de países y laboratorios, sino que bajarían sustancialmente los costos. Todas las argumentaciones sobre que no se puede transferir el conocimiento es ridícula ya que existen en el mundo miles de plantas de laboratorios privados y estatales dedicados desde hace años a la producción de vacunas. Incluso en nuestro país ya hay un laboratorio que está produciéndola como es mAbxience con la de Oxford, pero además están las plantas de Sanofi, Novartis, Sidus y muchas otras que podrían rápidamente ponerse a producirla. Esto permitiría lograr antes la vacunación masiva, a costos inferiores y garantizando la entrega equitativa a todos los países del mundo, guiados por criterios sanitarios y no por la ganancia empresarial.