Ni sociedad de estado ni sociedad anónima. Por un Astillero 100% estatal

El Astillero es de las últimas ‘joyas de la abuela’. Por la lucha, sobrevivió al remate menemista y de gobiernos posteriores. Vidal y Macri intentaron dinamitarlo, pero sus trabajadores lo impidieron. Ahora, Kicillof y el Frente de Todos quieren completar esa tarea inconclusa. 

Escribe: Sandra Escobar, Alternativa Astillero (ANCLA)

El Astillero Río Santiago nace el 22 de mayo de 1948 como Fábrica Estratégica del Estado para el desarrollo de la flota mercante y defensa soberana nacional. En sus primeras tres décadas, el Astillero vivió su mayor auge, fue impulsor de las demás industrias nacionales llegando a tener 5.000 trabajadores propios y 3.000 tercerizados. Así es que el Astillero tiene en su haber 78 construcciones navales y metalmecánicas emblemáticas. Desde sus orígenes estuvo íntimamente intervenida por las políticas del estado y, a mediados de los años 60 empezaron los vaivenes políticos, lo cual generó en los obreros navales una conciencia de pertenencia, organización y lucha por mantener la planta naval pujante, como en sus comienzos, y sus derechos laborales bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del ´75 aún vigente. En las épocas oscuras del tercer gobierno de Perón con la Triple A, el Astillero no estuvo exento de los ataques contra el movimiento obrero. Ello pegó un salto durante la Dictadura Cívico Militar habiendo sufrido la desaparición de 47 trabajadores navales. Pero estos terribles sucesos de nuestra historia no lograron desmoralizar el espíritu de lucha y, a comienzos de la democracia estaban haciéndose oír por recomposición salarial frente a los magros sueldos, retrasos en los pagos y la elevada hiperinflación alfonsinista, entre tantos reclamos más.

Las políticas neoliberales de los 90, tiempos de Menem y Duhalde, desmantelan ELMA, privatizan YPF y desfinancian a la Marina, fundamentales clientes de ARS. Esta coyuntura con falta de perspectiva laboral, de incumplimiento de pago de haberes, aguinaldo y deudas anteriores fue determinante para que los trabajadores navales se organicen e inicien una pelea heroica triunfante en defensa de la fábrica. Los trabajadores derrotaron la amenaza de privatización e impidieron el cierre, con mandatos de asambleas generales y un proceso ejemplar de democracia sindical. Claro que los decretos privatistas quedaron en pie y aún no fueron derogados. Si bien se impidió el cierre, ese gobierno dejó a la empresa en un estado de paralización total productiva y vaciamiento sin precedentes. Con salarios paupérrimos y un permanente desgaste psicológico en los trabajadores, muchos de ellos han aceptado el retiro voluntario, o «despidos encubiertos», reduciendo así la planta laboral a 1.100 trabajadores. La única «solución» que trajo el menemismo-duhaldismo fue la provincialización de ARS, la colocación del predio naval bajo el régimen aduanero y la concesión del mismo (23 hectáreas) para su explotación por el Ente de Administración y Explotación Zona Franca La Plata. El decreto 1332/95 tuvo la intención de transformarnos en un taller de reparación y en un depósito fiscal para el Puerto La Plata. También, con la resistencia en las calles de los trabajadores, se lograron recuperar 18 hectáreas y sus edificios patrimoniales bajo el decreto 193/06. Pero la exclusión total del régimen aduanero sigue sin concretarse.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, fueron contados los nuevos contratos constructivos: dos buques productores para Venezuela (paralizadas), dos lanchas de instrucción para cadetes (avanzando a cuentagotas por falta de provisiones), una compuerta para Puerto Belgrano (terminada) y el techado del Estadio Único de La Plata (terminado), entre otras obras de menor envergadura.

El intento de dinamitar el ARS por parte del gobierno de Macri y Vidal, vulnerando nuestro CCT y paralizando todas las obras en curso, también se resistió en las calles. Enfrentando una feroz represión y tomando la fábrica y el Ministerio de Economía de la Provincia logramos frenar el avance neoliberal. Aquí la conducción actual del ATE Ensenada jugó un papel muy poco democrático y representativo, llegando a firmar actas sin el consenso de los trabajadores, negociando el cese de la lucha por la devolución de sus propias dietas sindicales. Ello tuvo un costo: si bien conservaron la conducción del sindicato (gracias a los votos de los otros organismos estatales) perdieron las elecciones dentro de la fábrica.

Nuevo intento de entrega

Hoy desde el gobierno de Kicillof, a través del presidente de la empresa Pedro Wasiejko (de la CTA de los Trabajadores) quieren imponer un nuevo plan privatista, disfrazado a través de un cambio de figura jurídica: conformar una Sociedad Anónima, abriendo la puerta a los capitales privados.

Este plan cuenta en los hechos con el apoyo funcional de la dirigencia de ATE Ensenada, la conducción gremial en la fábrica, que propone una «Sociedad de Estado».

Todos argumentan que no se puede sostener la «ineficiencia» de la fábrica, quienes dicen radicar en las largas y lentas gestiones burocráticas por estar bajo la normativa Administrativa de la Provincia, y que esta nueva figura sería la solución a todos nuestros problemas de eficiencia. Lo que no dicen en su escueto balance es que ni el gobierno de Vidal ni el actual de Axel Kicillof se hizo cargo de la devolución de los 23 millones de dólares de las obras en curso, «Eva Perón» y «Juana Azurduy», ya provistos por Venezuela, fondos que fueron desviados durante la gestión del Gobernador Scioli hacia la obra Techado del Estadio Único de La Plata. Primera solución indispensable para reactivar las construcciones que siguen durmiendo de mayor carga productiva. Como, también, esconden las implicancias que conllevan estas sociedades del Estado (Ley 20.705), quienes se rigen bajo la normativa de ley de Sociedades Anónimas (Ley 19.550), dando lugar a la posibilidad de concurso, o quiebra, por parte del Estado si la empresa no generase ingresos propios y así rifarla, concesionarla o liquidarla. Tampoco dicen que los Convenios Colectivos de Trabajo pueden no ser respetados y regirse por la Ley de Contrato de Trabajo, en el cual perderíamos nuestros derechos laborales y nuestra estabilidad como trabajadores estatales, conquistados por la historia de lucha de nuestra fábrica, o que justifiquen que sobra mano de obra. Y aclaración: este nuevo plan privatista, no viene acompañado por una extensa lista de inminentes nuevos contratos de trabajo listos para la firma, que, aunque más no sea, nos dé una perspectiva laboral a mediano plazo.

Hay otra salida

Ningún gobierno retomó las decisiones políticas necesarias para que el Astillero vuelva a cumplir su razón social «Construir nuestra propia flota mercante y de defensa soberana». Porque todos los gobiernos fueron y son fieles servidores al programa político y económico que mantiene a la Argentina sumisa como país dependiente, endeudado y al servicio de los intereses del FMI, Multinacionales, Club de Paris y acreedores de toda índole. Por lo tanto, el Astillero continúa resistiendo a todos los renovados intentos privatistas y de cierre, luchando por la reactivación real.

Demandamos la inmediata reactivación de las obras para PDVSA y la restitución de los USD 23 millones provistos por ésta última, ignorada por la gestión de Vidal y ahora por Kicillof. Hay que derogar las leyes y decretos privatizadores e impulsar la salida de Zona Franca.

Nos están chantajeando al proponer poner en serio riesgo nuestros derechos y estabilidad laboral como condición para invertir y reactivar el ARS. Hace falta la decisión política de invertir y generar nuevos contratos de trabajo sacando el dinero de las grandes transnacionales que transportan nuestros cereales. Hay que activar la ley que fue vetada por el macrismo, para financiar la actividad naval con impuestos al alquiler de fletes que realizan empresas extranjeras. Y construir barcos para patrullar nuestro mar, depredado por las multinacionales, así como renovar y reparar la flota de la actividad pesquera.
Ni sociedad anónima ni sociedad de estado. Por un ARS 100% estatal, con sus planes de producción desarrollados y controlados por sus trabajadores y técnicos, junto a la comunidad.