Fin de la doble indemnización y prohibición de despidos. ¿Comienza la reforma laboral?

En medio de una situación de gran inestabilidad laboral y económica, el gobierno se ve obligado a dar señales claras al FMI. Si bien la doble indemnización y la prohibición de despidos no significaron un freno real, representaban un costo mayor para las empresas. Por lo tanto, suspenderlas significa más facilidades para el empresariado para bajar el costo laboral. Son pasos para volver a la carga con la reforma laboral estructural.

Escribe: César Latorre

El 24 de noviembre en un acto realizado nada más y nada menos que en un salón propiedad del Grupo Techint, el ministro de Trabajo Moroni anunció, junto a la cream del empresariado, ministros y burócratas sindicales como Caló, la eliminación de la doble indemnización y la prohibición de despidos.

Este anuncio a viva voz se inscribe en el marco de las negociaciones con el FMI y constituye una clara señal de sumisión a los dictados del organismo internacional y las corporaciones locales. Cada vez quedan más lejos los relatos y el doble discurso anti-fondo monetarista del conjunto del bloque de gobierno incluido el kirchnerismo.

Doble discurso, siempre

Todas y todos sabemos que existe una distancia enorme entre los anuncios y la realidad. Entre las leyes que favorecen a las y los trabajadores y su implementación real.
Bueno, la doble indemnización y la prohibición de despidos es parte de lo mismo. Durante la pandemia hubo una gran destrucción de puestos de trabajo que no limitó en lo más mínimo estas leyes. Está el caso emblemático de LATAM por nombrar solo una de las tantas que despidieron a mansalva sin tener más problemas que un costo mayor de despido.

Tan doble discurso fue esta implementación que incluso en la última renovación hubo una restricción con un tope de $ 500.000 en la “doble indemnización” Es decir, tu doble indemnización solo podía ser de 500 mil más.
En concreto, tomando las estadísticas oficiales del ministerio que encabeza Moroni. Entre diciembre de 2018 y julio de 2020 hubo una pérdida de más de 388 mil puestos de trabajo. Los datos posteriores no son fiables porque no siguen la misma metodología de medición. Pero eso no es todo, porque la medición desagregada muestra, además, que la pérdida en el sector privado es más profunda. Tomando en cuenta esta situación los números son aún más alarmantes, la pérdida de puestos laborales en el sector privado asciende a casi 400 mil.

Dibujando un nuevo relato

Moroni anunció la medida de suspensión con el argumento de que la actividad económica volverá a los tiempos prepandémicos dado que hay un aumento del PBI de casi el 10%. Y que “cuando podamos medir la situación de diciembre próximo, que publicaremos en febrero, vamos a haber recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia, cómo mínimo”.

Lo único verdadero de esta frase es el hecho de que se asume que el decreto de prohibición de despidos y la doble indemnización no pararon la destrucción del empleo. Lo otro, es pura ficción. Como decíamos más arriba las mediciones están adulteradas desde agosto de 2020 por una supuesta falta de datos. Pero incluso tomando los datos “provisorios” vemos que en realidad la recuperación que están preparados a dibujar (la frase de Moroni es ecuánime al respecto) esconde que en realidad hay un cambio en la composición del empleo (ver gráficos 1 y 2).

Hay una pérdida en el empleo privado que es compensada con trabajadores monotributistas y en el empleo estatal. Cabe mencionar además que en la categoría del empleo estatal están incorporados los trabajadores contratados.

¿Recuperación o reforma laboral de hecho?

La pandemia en los hechos significó para el capitalismo elementos de reforma laboral parcial de hecho. Colocada a fuerza de una situación totalmente extrema como la que hemos vivido.

Durante la pandemia hubo un triple ajuste:
Una precarización laboral que implicó contratos más baratos, contrataciones temporales habilitadas por el decreto de emergencia sanitaria, menos salario y mayor trabajo en negro.

El empleo formal perdió poder adquisitivo visto de conjunto. Veámoslo en detalle: el salario promedio del sector registrado según los datos del Ministerio de Trabajo en diciembre de 2018, el mismo era de $ 51.371 y en agosto de 2021 pasó a ser $ 96.213. Dolarizadas, estas sumas llevan el salario promedio de 1.344 a 545 dólares (ver gráfico 3). Es decir, una pérdida real de casi el 60%.

Hubo una aplicación de redistribución impositiva a favor de las empresas a partir de los programas subsidiados desde fondos del ANSES (ATP, REPRO I y II) y también en los acuerdos paritarios que le permitieron a las empresas no aportar a la caja jubilatoria. Es decir, una transferencia desde la caja de seguridad social de las y los trabajadores a las empresas privadas.

Ahora bien, esto no quiere decir tampoco que las patronales hayan logrado pasar la reforma por la vía de una derrota de las y los trabajadores. En ese sentido es importante tener en cuenta la excepcionalidad de lo que significó la pandemia en sí y como amortiguó los procesos de lucha. En eso no hay que confundirse. Al contrario, la barbarie de la pandemia mostró a las claras cómo actuaron los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical. Es una experiencia acumulada para las y los trabajadores.

La tienen cuesta arriba

Así figuraba la portada de página 12 el día después de las elecciones nacionales. Y así es.
Como venimos denunciando desde estas páginas, la triple agenda de reformas estructurales del capitalismo internacional incluyen: a) la reforma laboral, b) la impositiva y c) la jubilatoria. Reformas que buscan aumentar la tasa de explotación como forma de salir de la crisis y que el Gobierno de los Fernández muestra con esta nueva concesión una consolidación inequívoca de adaptación a las exigencias del capitalismo internacional.
Sin embargo, estos anuncios los tienen que hacer más tironeados por los compromisos que por fuerza propia.

Un cóctel explosivo

De un lado, un gobierno débil que cuenta con una burocracia repudiada y odiada. Una oposición fragmentada y una exigencia leónica del FMI para llevar una agenda en contra de las masas trabajadoras; del otro, una clase trabajadora que ha derrotado el intento de reformas de Macri en el 2017 cuando el establishment argentino, el imperialismo y la región estaban mucho más unificadas y que suma a esta experiencia la anteriormente mencionada durante la pandemia.

Y además, por circunstancias históricas particulares nunca le había tocado al peronismo en el poder ser el artífice del ajuste hasta el final, cuestión que en esta oportunidad será distinta, lo cual no es un asunto menor. Es la oportunidad de que millones de trabajadores hagan la experiencia a fondo con esta dirección.

Preparemos la lucha contra el ajuste

La tarea fundamental de las y los revolucionarios y el clasismo es organizar la lucha contra lo que se viene. Ayudando a coordinar al activismo y a levantar un programa de emergencia obrero y popular.

Un paso muy importante es la convocatoria amplia que desde el FITU se ha realizado con el objeto de unir fuerzas convocando a una marcha el 11 de diciembre contra el FMI. Luego de esta importante acción habrá que darle continuidad. Fortaleciendo un espacio de unidad para nuevas acciones y buscando el fortalecimiento por abajo en cada lugar de trabajo, barrio o centro de estudio. En eso estamos.