FMI versus derechos democráticos. Luchar es un derecho, no un delito

Declaraciones de altos funcionarios y campañas mediáticas para criminalizar paros sindicales, proyectos legislativos para limitar derechos constitucionales, ataques fachos contra marchas pacíficas… De la mano del acuerdo entre Alberto y el FMI se agudizan las muestras de autoritarismo. Ante los reclamos sociales en alza, pretenden recortar los derechos de huelga, reunión, manifestación y petición a las autoridades.

Escribe: Pablo Vasco y Mariana Chiacchio, CADHU-MST

Un paro de 24 horas del Ferrocarril Sarmiento el 16 de febrero, a iniciativa de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria por las condiciones de salud y de trabajo ante el Covid-19, desató un coro histérico de críticas. Contra el legítimo reclamo de los ferroviarios no sólo saltaron la empresa Trenes Argentinos y la traidora burocracia sindical de la UF que lidera Sergio Sasia, sino también varios «periodistas» de grandes medios.

·En lugar de informar sobre las auténticas razones del paro y las distintas posturas al respecto, estos charlatanes a sueldo que pululan en noticieros de radios, teles y diarios exageraron los inconvenientes por el paro y atacaron la protesta. Algunos de ellos directamente salieron en modo de campaña gorila y a la vez macartista, es decir contra los trabajadores y la izquierda.

·Al igual que las patronales privadas de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de la empresa ferroviaria estatal, Martín Marinucci, apoyó poner fin al aislamiento para contactos estrechos por coronavirus, refutó el paro y amenazó con sanciones: «Se trata de una decisión arbitraria e irresponsable que perjudica a miles de personas. Aplicaremos las medidas disciplinarias que caben en este caso».

·La burocracia sindical de Sasia, junto a impulsar el carnereo del paro, envió notas a la empresa y a Transporte. Dijo que «no se dispuso realizar medida de fuerza alguna para el día 16», que «cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la UF es una facultad exclusiva del secretariado nacional, en un todo de conformidad con las normas estatutarias», y que «este paro es una medida política».

Todo paro es político, toda marcha es política

Dado el lógico desprestigio del que goza en general la casta política en nuestro país, con el adjetivo política o político el gobierno, los empresarios, los burócratas sindicales y los plumíferos a su servicio pretenden descalificar cualquier medida social de lucha. Toda movilización popular independiente de los poderes de turno puede ser acusada y demonizada como política y hasta penalizada por la justicia como si fuera un delito.
Pues bien: no existe ninguna medida de fuerza obrera o popular cuyas causas no estén, en forma más o menos directa, vinculadas a determinada norma o decisión política de las patronales y/o los gobernantes de turno. Y como los responsables de esas políticas antiobreras y antipopulares suelen no responder o responden mal ante los reclamos sociales que generan, y así obligan a la gente a visibilizarlos y a «molestar» con un corte de calle o ruta, en vez de resolver esas demandas buscan desautorizarlas y las acusan de políticas. Hay que desenmascarar esa hipocresía.

Política es precisamente la desastrosa decisión del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de acordar con el FMI el pago de una deuda externa monumental y trucha por donde se la mire.

El Fondo, siempre anti-derechos

Haber reconocido como válida la totalidad de la estafa financiera cometida por Mauricio Macri y sus amigos fugadores de capitales tiene consecuencias concretas muy negativas para el pueblo trabajador. Y no son sólo en materia económica o ambiental, sino que también anticipan un incremento represivo.

En marzo de 1976, el Fondo financió a la dictadura militar argentina a sabiendas de que ésta cometía delitos de lesa humanidad. Los milicos elevaron la deuda externa argentina de 7.000 palos verdes al inicio de su gobierno a más de 45.000 palos verdes al caer, en diciembre de 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio cometido. Ahora, el ajuste para pagarle a esos usureros también recorta derechos humanos básicos (comida y ayuda social, educación y salud públicas, políticas de género), derechos ambientales (por el extractivismo de «crecer para pagar») y derechos democráticos.

Como todo ajuste, éste tampoco pasa sin represión. Por eso el acuerdo con el Fondo implica un rumbo autoritario para imponerlo. Es decir, más operativos represivos o de saturación policial ante protestas, multas a organizaciones que participan en marchas, proyectos de ley para impedirlas e incluso ataques fascistas a locales de izquierda o a manifestaciones, alentados por los discursos anti-piquetes.

La protesta social, un derecho elemental

La ocupación del espacio público para presionar a los representantes políticos es parte constitutiva de nuestro mito fundacional como Estado-nación. «¡El pueblo quiere saber de qué se trata!» se gritaba en 1810 durante la Revolución de Mayo para exigir la anulación de la junta virreinal opuesta a la decisión independentista del cabildo abierto del 22 de mayo.

Los derechos a la vida, la salud y la educación; a la igualdad y la dignidad; al trabajo y el salario dignos o a vivir en un medioambiente sano, entre otros, están consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes y demás normativa. Pero enseguida surge la contradicción, ya que entre la letra escrita y la realidad siempre hay una distancia. La causa de esas desigualdades está en el carácter de clase del Estado argentino, capitalista dependiente.

El goce de esos derechos, entonces, no se garantiza para muchos sectores desventajados. Ante esta situación por acción u omisión del Estado y sus instituciones, y para lograr respuesta a sus reclamos, surgen distintas formas de protesta social. Las carencias de los sectores más postergados o en conflicto con el poder encuentran en la reunión y la manifestación pública su principal vía de expresión frente al gobierno.

Por caso, el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país el derecho a la protesta: a peticionar a las autoridades, entre otros derechos. El artículo 14 bis reconoce los derechos sociales -dando especial protección al trabajo- y el derecho de huelga(1). A la vez, el derecho a la protesta es reconocido por numerosos tratados y convenciones internacionales que firmó el Estado argentino y aprobó el Congreso, que por ende tienen rango constitucional(2).

Pero no todas las personas acceden a esos derechos. Si la pobreza y la exclusión crecen, si los salarios y jubilaciones caen ante la inflación, si no hay acceso al empleo y la vivienda o ante el aumento de la violencia machista, es inevitable el conflicto social. Desde ya, los grupos vulnerables son los más expuestos al poder punitivo del Estado. La represión del Poder Ejecutivo, las leyes represivas del Poder Legislativo y la criminalización del Poder Judicial a quienes luchan son los principales mecanismos estatales para limitar y violar el derecho a la protesta.

El argumento más frecuente para justificar la represión estatal es que hay un conflicto o colisión de derechos. Sobre todo pasa ante medidas de lucha como los piquetes, como bien lo explica el jurista Roberto Gargarella. Allí entran en conflicto derechos como los de expresarse, organizarse, reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades, con los de transitar y comerciar libremente o preservar la propiedad privada(3). Desde ya, no cabe neutralidad: las demandas sociales son prioritarias.

La criminalización nuestra de cada día

Las figuras que más utiliza la justicia contra protestas sociales son entorpecimiento del tránsito (art. 194 del Código Penal), coacción (art. 172) y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, como rebelión, resistencia a la autoridad, sedición y motines (art. 229 y siguientes). Tales sentencias omiten que del derecho a peticionar a las autoridades surgen los demás derechos y que además todos los derechos siempre se conquistaron con lucha social.

Si el Estado punitiviza ese derecho elemental, se corre serio peligro de perder el resto de los derechos fundamentales. Los reclamos por salario, empleo, salud, comida, vivienda, género, ambiente y otros no podrían canalizarse como expresión colectiva mediante la manifestación en el espacio público. Y si se obstruye el derecho a defenderlos, hay riesgo de perderlos.

En cuanto a las libertades sindicales, desde 1989 la OIT le exige al Estado argentino adecuar su régimen sindical al Convenio 87 e incorporar y respetar todos los derechos que éste establece. Es que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales favorece a la burocracia y la injerencia estatal en la vida sindical, mientras que las patronales y el propio Estado como empleador cometen violaciones al derecho de huelga, sanción a delegades y activistas vía despidos arbitrarios, resistencia a su reinstalación en caso de fallos favorables, violación de fueros sindicales, trabas a la inscripción de nuevos sindicatos y a la actividad gremial en los lugares de trabajo, prebendas estatales a la burocracia sindical, negativa a las paritarias o imposición de limitaciones, amenazas de quite de personería gremial ante medidas de fuerza y otros atropellos.

Defender los derechos democráticos

El 15 de febrero, en Campo Viera, la policía de Misiones reprimió duramente una protesta de movimientos sociales y detuvo a seis compañeres. El 16, la policía porteña y la Federal reprimieron con gases y palos una marcha piquetera en la 9 de Julio, causando varios heridos. El 21, la policía tucumana desalojó de la Plaza Independencia a enfermeras que reclamaban por sobrecarga laboral y bajos salarios. Y todo así, a veces incluso con las patotas sindicales como represión tercerizada contra las luchas y el activismo opositor.
Contra los ataques fachos, hay que reforzar la autodefensa. Y obviamente, resistir cada represión policial. Pero también es clave dar la pelea, sin tregua, frente a todo intento o discurso que busque cercenar las libertades democráticas. Porque, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el mismo que anunció el cierre de los planes sociales, acaba de declarar que «sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle»4. ¡Copiado del macrismo! ¿Por qué mejor no encuentra el gobierno «otro método» para dar respuestas reales a los reclamos populares?

No, señor. No volteamos a la dictadura militar ni hicimos el Argentinazo de 2001 para que ahora nos vengan a coartar libertades y derechos a gusto del FMI y su ajuste. No lo hacen porque estén fuertes sino por debilidad, ya que crece la bronca popular contra ellos. Hay que defender cada paro por aumento salarial o contra despidos, cada marcha ambiental o de género, cada corte de ruta de desocupados, cada protesta vecinal por cortes de luz o de vendedores ambulantes por trabajo, cada recuperación de tierras por familias sin vivienda o comunidades originarias. Luchar es un derecho, no un delito.

1 También reconoce el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagos; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial; estabilidad de los representantes gremiales; seguridad social y vivienda digna.
2 El derecho de reunión lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5, inc. ix), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 15). El derecho de huelga y la libertad sindical los protegen el Convenio Nº 87 y el Nº 98 de la OIT, también con rango constitucional.
3 Gargarella, R.: El derecho a la protesta, el primer derecho. Buenos Aires, 2005. Ed. Ad Hoc, pág.41.
4 Clarín, 19/2/22.