Más reducida, pero ataca derechos ¿Qué implica la nueva Ley Bases?

Después de muchas concesiones para evitar otra derrota como la sufrida con su Ley Ómnibus original, con el voto cómplice del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y también el PJ, Milei logró media sanción a su primer proyecto. Aunque más acotada, esta Ley Bases ataca derechos laborales y sociales, mientras beneficia a las corporaciones para las que gobiernan. La CGT y las CTA ni convocaron y enfrentarla quedó en manos de la coordinación de luchadores y la izquierda. Ahora habrá que movilizar cuando se trate en el Senado. ¿Qué cambios introduce?

Escribe: Francisco Torres

En esta ley no hay un solo artículo que beneficie a la clase trabajadora ni a los sectores populares. Todos son prebendas y privilegios para las corporaciones, los banqueros, oligarcas agropecuarios, megamineros y el FMI. Por eso la repudiamos frente al Congreso y denunciamos a la CGT por transar con el gobierno al no enfrentarla.

En ese marco de repudio callejero, vale analizar que una cosa puede ser querer y otra poder. Porque mientras Milei hace gala de no “negociar” y diga que se dio media sanción “a la totalidad de la Ley Bases”, lo cierto es que debió ceder y mucho para evitar otro fracaso en Diputados, faltando aún que la trate el Senado.

En esas negociaciones se vio obligado a entregar puntos claves de su proyecto original, como reducir el número de privatizaciones, sacar el remate del Fondo Previsional, reducir las “emergencias” y la reforma laboral, con 15 de los 60 artículos que presentó el hombre de Techint y la UIA, Julio Cordero, actual Secretario de Trabajo y gestor de la reforma laboral del DNU, frenado en la justicia por anticonstitucional.

Hacer lo que pueden, no lo que quieren

Esta ley que logra media sanción en Diputados es igualmente pérfida, aunque pagaran un precio mayor del que esperaban, ya que de los 664 artículos y 6 anexos de la Ley Ómnibus original con la que Milei arrancó con ínfulas su mandato, luego del paro nacional del 24 de enero y las multitudinarias movilizaciones, cacerolazos y protestas que la sepultan, se pasó a una versión más acotada a mediados de abril, reducida a solo 279 artículos y 2 Anexos.

Después, en esta nueva coyuntura abierta con el paro de enero y un ascenso creciente, con masivas movilizaciones el 8M, el 24 de marzo y la histórica marcha en defensa de la educación, con paros nacionales de docentes, estatales, ANSES, metalúrgicos, choferes, luchas en el INCAA, la cultura, Télam, el neumático y demás sectores, el gobierno debió sacrificar artículos hasta último momento.

Solo así lograron cerrar con la oposición cómplice esta media sanción más modesta, con 232 artículos -65% menos que el original- y un solo Anexo, pese a agregar la perversa reforma laboral que la CGT dejó pasar. Una diferencia no solo numérica, sino que -después de negociar por meses-, sale esta media sanción más acotada, con un mayor costo para llegar a “la ley posible”, como reconocieron los negociadores libertarios.

El gobierno se anota un logro, pero esto muestra también que en verdad hacen lo que pueden, no lo que quieren. Ya que la lucha creciente los fue obligando a entregar aspectos cruciales de su plan de guerra, con el que pretenden arrasar con todas las conquistas obreras y populares, avanzar a un régimen monárquico con la suma del poder público, a destruir lo público y un mayor saqueo de nuestros recursos.

Para quitar valor a esa lucha, el jefe del bloque del PJ y Unión por la Patria dijo que la nueva Ley Bases “es igual de fea que la de enero”. Y durante el debate agregaron: “sin lugar a dudas, esta ley es peor que la primera…”. Pero decirlo es funcional a la política del PJ de hacer creer que a Milei no le “entran balas” y querer desviar la bronca acumulada a un castigo en 2025 que los recoloque electoralmente como “alternativa”, luego del desastre de su gobierno que le abrió la puerta a esta ultraderecha.

Además, tapar la complicidad de gobernadores del PJ puesto que, al voto cómplice del PRO, la UCR, la gente de Pichetto, López Murphy, Stolbizer y Carrió, los diputados que responden a gobernadores de Misiones, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, hay que sumar también los que responden a los gobernadores del PJ en Córdoba, Salta y Tucumán, con Llaryora, Sáenz y Jaldo. Mientras Jalil, de Catamarca, ya adelanta que sus senadores votarán a favor cuando se trate en el Senado.

Concesiones para sacar la nueva Ley Bases

Después de 5 meses sin “meter un gol” en el Congreso, al no lograr ni una ley –un récord en estos 40 años de retorno democrático-, las urgencias del gobierno exigían alguna señal de “gobernabilidad” para mostrar al FMI y al capitalismo doméstico.

Para lograrlo, debieron dar otra marcha atrás en el capítulo privatizaciones, al excluir el Banco Nación y sus subsidiarias (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil y Fondos Pellegrini S.A.). Así, el número de empresas a privatizar, que habían reducido a menos de la mitad al bajarlas de 41 a 18, finalmente quedó en 11.

La motosierra perdió filo, al bajar casi 75% la cantidad de empresas a privatizar, al sumar al Nación a las compañías estratégicas que habían excluido como YPF, Casa de Moneda, ARSAT (Satelital), Télam, banco BICE, Educ.ar, DIOXITEK (uranio), Ferrocarriles, Fabricaciones Militares, TANDANOR (Naval), Fábrica de Aviones o la Administración de Puertos, entre otras.

Finalmente, en ese Capítulo privatizaciones y su Anexo I, quedan 4 empresas a tratar de privatizar de forma total: Aerolíneas e Intercargo, Radio y Televisión Argentina y ENARSA (Energía), lo que es totalmente repudiable. Hay otras 5 sujetas a concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse). Y otras 2, Nucleoeléctrica (tiene a cargo, Atucha I y II, más la Central de Embalse) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que sólo pueden privatizar parcialmente.

También debieron reducir las “emergencias”, al pasar de las 11 iniciales a 9, después a 6 y ahora a 4: administrativa, económica, financiera y energética, en las que dan súper poderes a Milei. Aunque ya no están las emergencias en salud, previsional, social, tarifaria, fiscal, en seguridad y en defensa. Y acotan a 1 año su plazo, cuando querían tener plenos poderes en todo el mandato.

También sacaron la potestad de saquear el Fondo de Garantías previsional. Ya que el proyecto previo los facultaba a rematar los activos de las y los jubilados, acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS). Una montaña de plata que equivale al 95% de la deuda que Macri nos cargó con el FMI, al sumar 43.291 millones de dólares. Pero también se eliminó y no es menor ya que, meter mano en el patrimonio del sistema previsional, es un ataque clave para desfinanciar el sistema de reparto, abrir la puerta a las nefastas AFJP y destinar ahorros previsionales a pagar la deuda trucha al FMI. Cuando deberían usarse para garantizar jubilaciones dignas y el 82% móvil real.

También debieron eliminar otros puntos repudiados como el capítulo anti-educativo, que incluía declarar la educación como un supuesto “servicio esencial” para impedir el derecho de huelga o el capítulo contra la Cultura, aunque siguen ajustando.
Y quitaron además todos los capítulos de la supuesta “Defensa de la Competencia”, con la que pretendían crear una Agencia de Mercados y Competencia y un Tribunal para limitar lo que pudiera “restringir o distorsionar la competencia o el acceso al mercado”, es decir, asegurar el negocio capitalista a ultranza. Esto saltó en medio de las denuncias por cartelización de las prepagas y la intervención oficial en el “libre” mercado.

Primer dictamen para una ley más acotada, pero nefasta

Milei necesitaba algún logro legislativo para vender su Pacto del 25 de Mayo, ya que no anotó ninguno desde que asumió. Por eso cedió puntos clave, aunque esta media sanción de Diputados solo beneficia al poder concentrado, mientras ataca conquistas sociales. Al darle súper poderes para cerrar organismos del Estado, atacar la estabilidad laboral de sus trabajadores, privatizar y avanzar en el saqueo, al servicio de los grandes empresarios que lo bancan y redactaron este proyecto.

Como la crisis y las disidencias seguían, transaron una maniobra antidemocrática para votar la ley por capítulos, impidiendo votar el rechazo a algunos artículos para que pasara el paquete sin derecho a oposición. Se exigió que cumplan el Reglamento y dejen votar artículos a favor o en contra, cuando lo pide el 10%, pero ignoraron todo reclamo, preocupados porque saliera.
El gobierno y sus cómplices se apuraron a sacar esta media sanción que les resulta posible, antes que fuese tarde. Esa necesidad de cerrar filas se da luego de la histórica marcha educativa del 23, que marca un punto de inflexión en la lucha entre la clase trabajadora y los sectores populares con el gobierno de ultraderecha y la “oposición” cómplice.

Son conscientes que los tiempos se acortan, al ver que sobra fuerza para ir contra todo el plan de Milei, su DNU, derrotar esta Ley Bases y el protocolo anti protestas, pero eso no es lo que quiere la burocracia sindical ni el PJ, y por eso frenan, aíslan o boicotean las luchas.
Con la coordinación de luchadores y la izquierda, este 1º de Mayo llamamos a hacer asambleas en cada gremio y lugar de trabajo para reclamar un paro y movilización el día que se trate en el Senado para tirar abajo la ley de “bases”, la reforma laboral y el impuesto al salario.

Exigir a la CGT y las CTA un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei y sus cómplices, garantizando el paro del 9 de mayo, que debe ser activo y tener continuidad. Además de fortalecer la voz y presencia de la izquierda, con un Congreso Abierto del FIT Unidad, para debatir con decenas de miles cómo poner en pie una alternativa política en el país.