General Motors: la burocracia pactó suspender 1500 trabajadorxs

En la planta del cordón santafesino de esta multinacional automotriz, los dirigentes del SMATA cerraron un acuerdo a la medida de la patronal. Sin siquiera auditar un solo libro contable para demostrar la situación de la empresa, acordaron a espaldas de lxs obrerxs, suspensiones rotativas durante todo el 2020 con reducción progresiva de salarios hasta el 60%. Deslindando toda responsabilidad de la poderosa empresa en la crisis, la burocracia utiliza una excusa nada novedosa: aceptamos esto para evitar los despidos. Con un agravante: asumir con todo cinismo el argumento patronal que “sobran 500 ó 600 obrerxs”. Con esta admonición Barros, el secretario del SMATA Rosario, obró con total desparpajo de vocero patronal.

La cuestión es quién paga la crisis

La debacle de la industria automotriz como expresión de la crisis mundial capitalista, es evidente. En nuestro país, solamente en 2019, las patronales adujeron que la producción y las ventas mayoristas en el sector cayeron al nivel de 2004. Podemos agregar que las exportaciones se redujeron un 16,7% en ese período, cifra que en el rubro principal, automóviles, asciende al 35,2%. El salto en la crisis de los primeros meses de este año y en particular en la relación comercial con Brasil se agravó y contribuye al escenario recesivo de la producción nacional.

Sin embargo, lo central no es solamente reconocer la crisis macro, sino abordar dos cuestiones clave: quién causa la crisis y quién la tiene que pagar. Porque ni el gobierno de AF, ni la burocracia y menos las patronales quieren abordar la responsabilidad de las corporaciones en la crisis más general, quienes con el único objetivo de preservar sus ganancias, practican la superexplotación con la excusa de “bajar el costo laboral”, fugan capitales y tienen clara responsabilidad en la serie de mecanismos perversos que desencadenaron y agravaron la actual recesión con inflación. Respecto de quién la paga, no tienen la menor duda: lxs trabajadores con rebaja salarial, flexibilización, procedimientos de crisis, suspensiones y despidos.

Según reconoce el Ministerio de Trabajo –seguramente con subregistro-  en los últimos cuatro años 235 mil trabajadorxs perdieron sus empleos asalariados en empresas privadas. Asimismo su capacidad de compra resultó severamente devaluada. En particular, la remuneración media expresada a valores constantes, de los asalariados registrados en empresas privadas cayó un 16% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Hay otra salida

Este panorama fue caballito de batalla en la campaña electoral de Alberto y el Frente de Todos. Pero, apenas aumido, lejos de “encender la economía” y poner plata en los bolsillos populares, el gobierno encendió las tratativas con el FMI y los usureros sin auditoría alguna y puso plata en el bolsillo de… los acreedores. Por ello la crisis económico social se gravó, las empresas salen a hacernos pagar los platos rotos y la burocracia gobiernera y aplaudidora, a cumplir su rol de felpudode las patronales. Como acaba de hacer el SMATA de Rosario, pero vienen haciendo los dirigentes de las centrales aceptando la política salarial oficial, enterrando las cláusulas gatillo, evitando volver a levantar la ley antidespidos y abandonando todo reclamo serio, asilando conflictos y librando a su suerte a lxs trabajadorxs.
Ante el ajuste de las patronales, que extorsionan con “preventivos de crisis” para echar y recontratar con precarización, que suspenden y despiden sin freno, hay que aplicar un programa de emergencia obrero y popular, cuyas primeras medidas sean:

• Prohibir por ley los despidos y suspensiones y penalizar a toda empresa que no cumpla con la expropiación con control obrero. Abrir los libros contables de toda empresa que aduzca crisis. Reincorporar a todos los despedidos.
• Para garantizar pleno empleo, repartir las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible. Reducir la jornada a 6 horas con un salario mínimo de $ 65.000, actualizado automáticamente según inflación real.
• Prohibir los contratos-basura: trabajo en blanco y pase a planta.
• Ante la inflación, anular el IVA a la canasta familiar y aplicar aumento general con cláusula gatillo a salarios, jubilaciones y planes sociales.
• Ruptura con el FMI y los bonistas usureros. Impuestos crecientes a las corporaciones y grandes fortunas. Para financiar un plan de obras públicas y desarrollo que garantice trabajo genuino.

Sin dudas arrancando de la solidaridad con lxs trabajadorxs de la General Motors, hay que preparar la lucha contra el ajuste de Fernández y las patronales. Preparando reuniones de activistas, reclamando y organizando asambleas, para discutir el apoyo a los conflictos en curso y en el camino de un plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas y el FMI y no lxs trabajadorxs. El sindicalismo combativo tiene una responsabilidad de hacer avanzar esta pelea y en ponerse al servicio de la pelea por echar a la burocracia y avanzar en una nueva dirección democrática y de lucha.

Guillermo Pacagnini