Córdoba: estadísticas engañosas sobre los contagios

En una nota reciente intentamos dar cuenta de cómo el aumento cada vez más pronunciado de los casos de COVID-19 en nuestra provincia se encuentra con la desidia y el abandono del gobierno de Schiaretti. Nada de esto es casual, se trata de la continuidad de un modelo que ha ido paulatinamente empobreciendo el sistema público de salud en favor de las empresas privadas que lucran con nuestros derechos. Veinte años de PJ-Hacemos por Córdoba han puesto contra las cuerdas a un sistema público que ya venía golpeado por las gestiones de la UCR; y que se sostiene gracias a los enormes esfuerzos de sus trabajadores y trabajadoras.

En esta oportunidad queremos señalar una forma específica que esa política asume: ocultamiento y una presentación engañosa de los datos y estadísticas respecto del número de agentes de salud contagiados de coronavirus. Y desde ahí trazar algunas reflexiones y propuestas.

Que nadie vea
En la emergencia sanitaria la política anti salud pública del gobierno tomó esa forma. Es decir, el gobierno no sólo relega la tarea de las y los trabajadores de salud desde el punto de vista salarial, retacea los elementos de protección y aprovecha la pandemia como argumento para llevar adelante varias formas de precarización y arbitrariedades; sino que también escatima la realización de testeos periódicos al personal de salud, como lo hace con la población en general, con el agravante de tratarse de trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea frente a la enfermedad y son los sujetos decisivos para evitar el colapso de la atención sanitaria. El gobierno actúa como las niñas y niños pequeños que creen que el mundo a su alrededor desaparece si no lo ven. Las pruebas no se hacen, argumentan, por falta de insumos y de capacidad de procesar los resultados. O en el mejor de los casos terminan dependiendo del criterio y voluntad de los directivos de las instituciones, sin centralización estatal.
Ante esto, una vez más volvemos a insistir con la necesidad de poner a disposición de atender la emergencia todos los recursos estatales y públicos necesarios. No puede ser que en medio de esta urgencia haya laboratorios privados o fábricas que podrían producir insumos que no lo estén haciendo. Tampoco tiene sentido que no se centralice el sistema de salud privado y público para evitar los contagios causados por el pluriempleo y la fragmentación.

La realidad no se puede barrer bajo la alfombra
Como suele decirse “no se puede tapar el sol con un dedo”, y la realidad se ha impuesto. Así, por mucho que lo intente ocultar el gobierno ya es de público conocimiento que ha habido contagios entre el personal de salud en 20 establecimientos y que el número pasó de 85 a 193 casos en una semana. El aumento tan repentino se debe también a la manipulación de los datos, ya que entre las y los trabajadores había denuncias de compañeros contagiados antes de que se hicieran públicas las cifras oficiales.
Pero todas estas cifras tienen trampas, veamos.
En primer lugar, como ya dijimos, no se testea de manera suficiente entre los agentes de salud. Pero además la orden del Ministerio de Salud a cargo de Diego Cardozo que circuló por los hospitales fue sólo realizar hisopados al personal que mostrara síntomas compatibles con COVID-19, lo que constituye una grave irresponsabilidad porque es sabido el alto porcentaje de portadoras y portadores del virus que son asintomáticos.
En segundo lugar, porque al no testear tampoco a todos los trabajadores que se desempeñan allí donde se encuentra un contagio, sino sólo a los contactos estrechos, hay un gran número de compañeros y compañeras que pasan al aislamiento, pero nunca son contabilizados en las cifras oficiales, como señala el doctor Oscar Atienza, médico que viene haciendo un seguimiento muy interesante de la evolución de la pandemia en nuestra provincia y denunciando esta manipulación de las cifras de contagios. (Ver gráficos elaborados por Atienza)
Finalmente, nada es creíble porque nunca se aclara el universo total sobre el que se hacen las estadísticas oficiales de contagios entre el personal de salud.
En la provincia de Córdoba hay dos leyes que regulan el trabajo en el sistema de salud pública. La 7.625 es la ley que regula la tarea del “equipo de salud humana”, donde se incluye a las diversas profesiones, pero no al personal de mantenimiento y administrativo que están regidos por la ley 7.233, ni mucho menos a las y los tercerizados de cocinas o limpieza. Ni siquiera a las y los residentes que por ser “profesionales en formación” no son considerados como empleados, sino becarios. Es decir, si entendemos el equipo de trabajadores y trabajadoras de salud en sentido amplio, como es en la realidad, ya que todas esas tareas son vitales para el funcionamiento de los hospitales, los números de seguro son mucho más altos y preocupantes. Todo esto en el sistema público, pero tampoco se aclara cómo se contabilizan los contagios del personal de instituciones privadas.
Vemos como el problema no es que el virus sea “un enemigo invisible” como se repitió muchas veces, sino que lo estamos enfrentando con los ojos vendados por la política oficial.
Por todo lo que venimos exponiendo no se puede confiar en los funcionarios gubernamentales, es necesaria la participación y control de las y los trabajadores en la gestión de la política sanitaria frente a la pandemia, incluido el seguimiento y estadísticas.

Gastón Vacchiani

Secretario General UTS