Tarifazos: cómo seguirla después del veto de Macri
El 562%, 338% y 223% son los aumentos que tuvieron la luz, agua y gas en Buenos Aires desde que asumió Macri hasta 2017, según el sitio chequeado.com. Y esto no incluye los aumentos del 50-60% que les otorgaron en abril de 2018 y que trajo toda la discusión, ley de la oposición y veto presidencial de los últimos días. En ese mismo periodo, el aumento salarial de los obreros mejor remunerados y en blanco, fue del 72%.
Esto es lo que explica la inmensa bronca popular contra el gobierno y sus tarifazos. También explica el reacomodamiento oportunista de la oposición del PJ tradicional, massismo y kirchnerismo que hasta ahora vinieron convalidando toda la política tarifaria del gobierno.
Atraso tarifario: una falsa discusión
El argumento del Gobierno (que contó durante algún tiempo con cierto consenso social) es que durante los años de kirchnerismo las tarifas estuvieron congeladas o muy retrasadas, que eso derivaba en la necesidad de subsidios millonarios por parte del Estado, que pagábamos todos y que en el resto de la región se pagaban tarifas muchísimo más altas. En esto se basó para justificar los aumentos exorbitantes que ya comentamos y que, repetimos fueron consensuados con la oposición tradicional.
Obviamente que nadie puede estar de acuerdo en que departamentos de Puerto Madero pagasen $300 de gas por bimestre o que subsidiaran la electricidad de grandes empresas monopólicas.
Pero ese no es el problema central. En toda la discusión se ocultan, ex profeso, dos cuestiones fundamentales: una, que los servicios públicos (incluyendo el transporte) son derechos de los trabajadores y el pueblo y no una mercancía que rinda ganancia a empresarios privados. Dos, que ocultaron de la discusión cuál es la ganancia de las empresas con este escenario. Por sólo dar un ejemplo de una empresa como Ecogas, pasó de ganancias de $ 18 millones en 2015, a $ 54,6 millones en 2016 y $ 1.098 millones en 2017. Ese es el resultado concreto de la política tarifaria de Macri, un brutal ajustazo al pueblo y la concesión de obscenas ganancias a las empresas. Esa es la verdadera discusión que debemos abordar si queremos resolver el problema.
Privatizadas: una historia de estafas
No se puede entender la situación actual sin remontarnos a la década del 90, cuando Menem les entregó por monedas las empresas de servicios (que se construyeron y crecieron con dinero de todos) a empresas privadas. Que cobraban tarifas en dólares, pagando salarios e insumos en pesos y sin hacer ninguna inversión, como ha sido ampliamente demostrado. Ya desde esa época las empresas tenían ganancias siderales, con una clientela cautiva y sin riesgo de pérdidas. Luego vino el Kirchnerismo y las ganancias les fueron garantizadas a través de subsidios enormes directo a las empresas. Estos subsidios persisten hasta hoy, en el presupuesto último todavía triplican a la Asignación Universal ($ 39.000 vs. $ 12.000 millones) a pesar del aumento exponencial de sus ganancias como ya vimos. Ahora, entonces, ganan a dos puntas: nosotros les pagamos tarifas elevadísimas y el Estado (con plata de nosotros también) las sigue subsidiando.
Reestatización con control social: la única salida
Para nosotros, la Ley que fue vetada y que ya vimos, fue producto esencialmente de un reacomodamiento oportunista de la oposición. Si bien tiene aspectos positivos como retrotraer las tarifas a 2017 y que los aumentos sigan a los salariales o la inflación, no resuelven los problemas centrales que hemos planteado.
Para lograr tarifas que no sólo sean accesibles, sino que estén al servicio de los trabajadores y sectores populares, no hay otra salida que la reestatización de los servicios públicos con control de sus trabajadores y usuarios. Sobran razones: el incumplimiento de todos y cada uno de los planes de inversión contractuales, el desastroso servicio que prestan debido a esto, las enormes ganancias que se llevan de nuestro país sin justificación y la necesidad de diversificar la matriz energética mediante el desarrollo de energías limpias y renovables son todas razones que escapan a la lógica capitalista, sólo guiada por la sed de ganancias.
Desde el MST creemos que sólo con la reestatización podremos lograr tarifas justas para los sectores populares, que los ricos paguen lo que les corresponda y se puedan hacer las inversiones necesarias tanto en las fuentes tradicionales como nuevas de energía.
En este sentido el veto de Macri, lo que hace es poner a la orden del día y como tarea urgente la necesidad de una inmensa movilización, con plan de lucha y paro general para lograr tirar abajo no sólo la política de tarifazos permanentes sino todo el ajuste del gobierno. Tenemos que exigir desde abajo y democráticamente que la CGT rompa con su complicidad escandalosa de todos estos años y a las CTAs que coordinen una gran acción que le ponga un freno definitivo a Macri, sus vetos y tarifazos.
Gerardo Uceda