Prisión o libertad: las 10 preguntas clave

Si bien el reciente fallo de la Corte bonaerense frenó por ahora las prisiones domiciliarias o excarcelaciones en el principal distrito, el debate continúa. Aquí, nuestra posición.

 

1. ¿Cuál es la situación en las cárceles hoy?

El total de personas presas en nuestro país ronda las 92.000: en unos 300 penales hay 85.000 (14.000 en cárceles federales y 71.000 en provinciales) y 7.000 en comisarías. Además hay otras 3.000 personas controladas con mecanismos electrónicos o en prisión domiciliaria. El 96% son varones, el 96% son argentinos y el 40% tiene menos de 34 años. A nivel federal la superpoblación es del 20% y a nivel provincial del 35%. Los datos son del Informe 2018, el último disponible, de la Procuración Penitenciaria de la Nación(1) ya que los servicios penitenciarios y el SNEEP(2) ocultan la información.

Si bien la tasa de delictividad casi no ha variado, las personas detenidas aumentaron de 46.000 al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, 52.000 cuando asumió Cristina, 70.000 al subir Macri y 92.000 hoy. Este punitivismo creciente tiene dos bases centrales: las leyes Blumberg en 2004 (aprobadas por la mayoría del PJ) y el endurecimiento de la ley de ejecución penal en 2016-2017 (que alentó Macri y votó la mayoría del PJ). Tenemos la tasa de encarcelamiento más alta de la historia, pero más pena no implica menos delito.

 

2. ¿De qué delitos se acusa a las personas detenidas?

• Primero, no todos están condenados: el 45% según el SNEEP o hasta el 52% según otras fuentes aún está bajo proceso y sin condena firme. O sea, la mitad son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además hay “perejiles” por causas montadas.
• Segundo, entre los condenados un 20% tiene penas menores a tres años, que son excarcelables, pero están presos por acumular más de una, por ejemplo dos penas a dos años. Es decir, por delitos leves.
• Y tercero, decir “son todos asesinos” o “todos violadores” es burdo: sólo uno de cada 10 está acusado por delitos contra la integridad física (no siempre es asesinato) y el 4% por delitos sexuales. La gran mayoría está acusada por otras causas, claramente sociales: el 41% por delitos contra la propiedad (robo, hurto, etc.) y el 31% por delitos vinculados a drogas (narcomenudeo, en su mayoría). Del total de acusaciones, el 46% es por delitos leves, con penas de 3 a 6 años de prisión(3).

Ni todos “los malos” están presos ni todos los que están libres son “buenos”. El abuso de la prisión preventiva se debe a que, en el capitalismo, las cárceles son parte del aparato represivo del Estado para disciplinamiento y control social. No sirven para reinserción: contra la creencia de la “puerta giratoria”, apenas una ínfima minoría logra salir. Tampoco sirven como ejemplificador para evitar el delito: los grandes delincuentes rara vez van presos y además los delitos siguen porque su causa estructural es la desigualdad social propia del capitalismo.

 

3. ¿Por qué hay que reducir el hacinamiento carcelario?

Según el artículo 18 de la Constitución nacional, “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”… Casi da risa oírlo, pero es trágico e inhumano. A las pésimas condiciones de higiene, comida, salud, trato y hacinamiento se suma ahora la pandemia. Por eso la OMS, la ONU, la CIDH(4) y la Cámara de Casación Penal, por razones humanitarias, proponen alivianar con distintas variantes a un sector. Así como los geriátricos y las villas de emergencia son más proclives al contagio, lo mismo sucede con las cárceles: son bombas de tiempo, en donde además trabajan guardiacárceles que salen y entran.

A la vez, reducir la superpoblación carcelaria reduce el riesgo de contagio y enfermedad, por ende usarán menos respiradores y habrá más disponibles para el resto de la sociedad.

 

4. En este tema, ¿qué hicieron otros países?

Por supuesto, el debate sobre las personas detenidas no atañe solamente a nuestro país. A partir de las recomendaciones de la OMS y la ONU, en los EE.UU. se ha liberado a unas 100.000 personas, Irán liberó a 85.000, Turquía 45.000, Indonesia 30.000, Brasil 30.000, Francia 10.000, Gran Bretaña 4.000, México 6.200, Chile 1.700, Colombia 4.000 y España 8.000. Estos datos son de mediados de abril, o sea que las cifras a hoy son más altas. Y muchos otros países hacen lo mismo.

En la Argentina hasta ahora 1.700 personas pasré domiciliaria, libertad condicional o salida transitoria, quedando por el momento otros 1.300 casos a resolver.

 

5. ¿Quiénes estarían en condiciones de salir?

Para nosotres, los permisos o prisión domiciliaria les corresponden a las mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo, a las personas con salidas transitorias ya otorgadas (y suspendidas al inicio de la cuarentena), a quienes estén al término de obtener la libertad condicional, a los grupos de riesgo con condenas por delitos leves y a menores que han sido irregularmente condenados según los tratados internacionales de derechos humanos. En todos los casos se debe cumplir con el aviso previo a las víctimas.

El otro reclamo urgente es el testeo de todas las personas detenidas, con prioridad para los penales en donde ya hubo contagios. Dicho testeo debe incluir al personal penitenciario, que entra y sale agravando así las chances de contagio.

 

6. ¿Quiénes no deberían salir bajo ningún concepto?

Genocidas, femicidas y violadores, homicidas y grandes corruptos. Es decir, quienes suponen un gran daño a la sociedad.

• Los genocidas, porque cometieron delitos de lesa humanidad, o sea que han dañado a toda la especie humana. Son el peor de los peligros. No obstante, se les vienen otorgando decenas de domiciliarias (17 más desde la pandemia). Y recordemos bien: no hubo ningún caceroleo cuando Carrió hace un par de años propuso liberar a todos esos represores por “razones humanitarias”.
• Tampoco debe salir libre ningún femicida ni violador, porque la matriz de sus graves delitos es la opresión y la desigualdad de género contra las mujeres, las disidencias sexo-genéricas y la niñez, es decir la violencia contra más de media humanidad.
• Por último, por la gravedad de su delito, nos oponemos a dejar libres a homicidas. También a grandes corruptos como De Vido, Jaime o los empresarios Cirigliano, cuyas condiciones de detención además, como las de los genocidas, son muy superiores al promedio.

Si alguna de todas estas personas corriera algún riesgo cierto de contagio, se deben buscar alternativas de distanciamiento en el propio penal u otro sitio de reclusión adecuado.

 

7. ¿Cómo se garantiza la prisión domiciliaria?

Con tobilleras electrónicas como método más seguro. Desde ya, faltan. Bien lo saben las víctimas de violencia de género, ya que la justicia y la policía no garantizan el control de las restricciones perimetrales. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires hay unas 2.000 en uso y, aun sin contar posibles liberaciones por la pandemia, faltan 250 que están en espera. Pero esta falta no puede ser la excusa para no liberar gente. Primero, el gobierno puede comprar tobilleras suficientes en forma urgente. Y segundo, si se redujera el despliegue policial represivo e innecesario (el control de circulación lo puede hacer personal civil de Tránsito), se podría liberar agentes para el control de las prisiones domiciliarias.

 

8. ¿Qué plantea el gobierno nacional?

El gobierno de Alberto Fernández muestra una oscilación política paralizante. Arrancó con un perfil tibiamente garantista, pero ante la ofensiva derechista del macrismo y un par de cacerolazos enseguida reculó diciendo “es el Poder Judicial, no el Ejecutivo”. Y eso pese a que el presidente y los gobernadores tienen la facultad legal de conmutar las penas, o sea resolver las reducciones necesarias para liberar o no a tales personas detenidas. Si bien no es lo ideal que resuelva el Ejecutivo, podrían evitar las arbitrariedades de los jueces o las cámaras en uno u otro sentido. Porque es un cierto que algunas liberaciones dictadas por los jueces, no con criterios como los que antes señalamos, dieron pie a la campaña reaccionaria por mano dura. Miente Kicillof cuando dijo “no podemos hacer nada”: si no lo hacen es porque no quieren, por cálculo político.

La razón es simple: más que garantizar la plena vigencia de los derechos y libertades democráticas, como todos los gobiernos capitalistas del mundo el de acá viene acentuando las medidas de carácter autoritario y represivo. Por eso su despliegue de policías y gendarmes, como con la injerencia militar en la vida pública. Su llamado de ayer a la “vuelta de página” y el ciberpatrullaje de hoy también son parte de esa misma política: como sabe que crecerá la lucha social, prepara los palos para responder.

 

9. ¿Qué cambios hacen falta en los penales, la justicia y la policía?

• Basta de cárceles vetustas, inhumanas y para ladrones de gallinas, que son mercado cautivo de todo tipo de abusos y negocios, incluso salir a robar para los jefes. Por un sistema que castigue más duramente al gran delito; con condiciones modernas y dignas de espacio, alimentación, higiene y salud, así como programas reales de reinserción social.
• Basta de policía corrupta, represiva y de gatillo fácil. Por una seguridad democrática y preventiva, con elección de lxs comisarixs por voto popular, prohibición de reprimir los reclamos sociales, control de los organismos de derechos humanos, derecho a la sindicalización policial y autoorganización vecinal en los barrios.
• Basta de esta justicia adicta al poder, de clase y patriarcal. Por una verdadera democratización, con elección de lxs jueces y fiscales por voto popular en fecha distinta a la elección política, mandatos limitados y revocables, juicios por jurados populares sorteados del padrón y perspectiva de género obligatoria.

 

10. ¿Cómo combatir realmente el delito?

Los cambios que planteamos en el punto anterior, junto a anular los privilegios políticos, permitirían poner fin al delito económicamente organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, etc.), cuyas redes sólo funcionan si hay amparo policial-judicial-político. ¿Fuga de capitales y maniobras? Nacionalizar la banca y el comercio exterior. ¿Estafa de la deuda externa? No pago y auditoría. ¿Evasión fiscal de grandes empresas? Abrir sus libros contables bajo control de sus trabajadorxs. ¿Corrupción de funcionarios políticos? Embargo de sus bienes hasta que devuelvan lo robado. ¡Eso sería combatir el gran delito, el de guante blanco, el que más jode al pueblo y nunca va en cana!

El punitivismo y la mano dura ya han fracasado por completo, aquí y en todo el mundo. Las conductas delictivas aumentan cuando crece la desigualdad social. Entonces hay que combatirlas con planes económicos opuestos a los actuales. Para evitar que la juventud sea mano de obra de las redes, un plan de shock de inclusión educativa y laboral. Y en todo ir contra la lógica capitalista de la ganancia privada hacia una economía planificada democráticamente en función de las necesidades sociales. En síntesis, reemplazar de una vez por todas el capitalismo por un sociedad superior, justa e igualitaria: el socialismo.

Pablo Vasco,

CADHU-MST

• En ppn.gov.ar
• Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia.
• Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos.