Deuda: Los acreedores rechazaron la propuesta
Como era de esperar una buena parte de los bonistas privados externos (al cierre de esta columna el gobierno no habló de porcentajes) rechazaron la propuesta hecha por el gobierno argentino. Desde Economía intentarán mostrar que el 70% de los tenedores locales aceptaron, pero estos sólo tienen en su poder unos U$S 5.000 millones de los más de U$S 68.000 en juego.
La propuesta Argentina en sus trazos gruesos se basa en 3 pilares: Un periodo de gracia de tres años durante los cuales no se pagaría, una quita del 5% del capital adeudado y una quita del 62% sobre los intereses previamente pactados. Los intereses a pagar serían del 1 al 5% aproximadamente. A este paquete lo han denominado “preceptos de sostenibilidad”, porque afirman que esto es lo que podríamos pagar a futuro sin comprometer las finanzas del país.
Vale decir que el grueso de los acreedores ya habían rechazado la propuesta a poco de recibirla y hoy se confirmó esa decisión. Lo que pretenden en realidad es forzar mayores concesiones por parte de la Argentina. El ministro Guzmán por su parte afirmó que el país “mantiene el diálogo abierto” y que es flexible para escuchar a los acreedores.
Nosotros siempre sostuvimos, más allá que nuestra posición central sea no pagarles un centavo, que la propuesta del Gobierno en sí misma, no tenía nada de progresiva ni revolucionaria. No sólo porque se les reconocía el 95% de Capital, cuando los papeles cotizaban un 20-25% de su valor nominal, sino porque además la tan promocionada quita del 62% del monto de los intereses, está basada en intereses usurarios pactados en los acuerdos previos, muy lejos de los que se obtienen en el mercado mundial, debido a que fueron otorgados al país en medio de una crisis económica cuasi terminal, con un riesgo país superior a los 3.000 o 4.000 puntos básicos y con altísimas probabilidades de default. Sobre esos altísimos intereses una quita del 62% no significa nada extraordinario, ya que el 38% reconocido es aún superior a los intereses que podrían obtener los bonistas en cualquier operación normal en el mercado mundial de capitales. Y esta caracterización no es sólo nuestra, parecido opinaban los financistas de ADEBA en Argentina y en ese sentido se expresaron en una carta 160 economistas liderados por Stiglitz impensados de ser socialistas ni nada parecido. La propuesta se vuelve más “ortodoxa” si se considera la crisis global de la economía mundo, en donde no aparecen horizontes de inversiones más rentables para los bonistas ni a corto ni mediano plazo. Por lo que insistimos en que los bonistas lo que hacen es chantajear para obtener más beneficios, a sabiendas que negocian con un gobierno que siempre dijo que “tiene voluntad de pago”.
Los únicos privilegiados
Un párrafo aparte merece el FMI. Algún distraído puede haberse sorprendido por el hecho que el Fondo, al que le debemos nada menos que U$S 45.000 de los U$S 68.000 millones en danza, se haya puesto siempre del lado del gobierno argentino, haciendo presión para que los bonistas privados acepten las condiciones hechas por Economía.
Bueno pues, no tiene nada de sorpresivo esto, ya que el FMI es un acreedor privilegiado. Como lo demuestra el hecho que el lunes pasado, recibió U$S 324 millones en concepto de pago de intereses de la fraudulenta deuda contraída por Macri y que Alberto dijo que no la iba a pagar con el hambre del pueblo, si se recuerda. Es decir mientras a los bonistas les aconseja esperar y pactar, el Fondo se embolsa religiosamente sus acreencias, aún a costa de vaciar las muy escasas reservas de la Argentina y haciendo profundizar nuestra crisis por la vía de quedarnos sin reservas para comercio exterior y aumentar las expectativas de devaluación y consecuente aceleración de la inflación. Ni siquiera tuvo este tratamiento el Club de París al que no se le pagaron U$S 1.900 millones que vencieron hace pocos días y entró en el paquete de los deudores reperfilados, sumando una deuda de más de U$S 9.500 millones (que son el resultado de los intereses usurarios aplicados a una deuda inicial de U$S 4.955 M contraída hace menos de 8 años!).
La única salida: default unilateral soberano
Alberto Fernández y su ministro no se cansará de decir que seguirá negociando hasta el 22 de mayo, fecha en que si no paga el vencimiento de U$S 503 millones entraríamos en default efectivo. Por su parte los buitres privados, secundados por el FMI y el Club de París presionarán más y más para sacar mayor tajada. Pero el problema en realidad es que no existe ninguna sostenibilidad en el pago de la deuda. El país está frente a 3 crisis de carácter terminal, una es crónica que lleva años, con por lo menos 10 años sin crecimiento económico de ningún tipo, la segunda es hiperaguda provocada por el freno de la economía mundial y nacional producto de la pandemia y la tercera es la propia crisis sanitaria que requiere de mayores recursos destinados a la salud para afrontar los gastos generados por la atención de miles de contagiados como esperan. En este contexto es criminal destinar cientos de millones en el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta.
Nosotros sostenemos que la única deuda que hay que pagar es con el pueblo trabajador y los sectores más carenciados. Para ello necesitamos en estos momentos de todos los recursos disponibles, por eso proponemos decretar lisa y llanamente un default soberano y unilateral del total de la deuda externa. Y avanzar en otras medidas de emergencia como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales y tener el completo control de todos los dólares provenientes de las exportaciones. Realizar una reforma tributaria que imponga grandes y progresivos impuestos a las grandes corporaciones industriales, comerciales y del campo, a las grandes fortunas y la gran renta financiera que son los únicos que salieron ganando en estos años de crisis que arrastramos. Con todos esos recursos disponibles sí habrá dinero para afrontar la pandemia, para asistir a los trabajadores que se quedaron sin ingresos por la cuarentena, para sostener el 100% del salario a los trabajadores en blanco y para mantener los planes sociales y jubilaciones al nivel de la canasta familiar.
Gerardo Uceda