Estatales y derechos en cuarentena

Perdimos con Macri y estamos perdiendo con Alberto, no dejemos pasar más. A días del congelamiento de hecho de los salarios estatales, siguen conociéndose medidas que atacan derechos históricos de las y los trabajadores estatales. Repasemos.

Escriben: Sofi e Ingrid, Alternativa estatal – ANCLA.

El 29 de mayo fue el último plazo para la convocatoria a la Mesa Negociadora de nuestro convenio donde se discute, entre otras cosas, las paritarias. El gobierno nacional se sentó sin ninguna propuesta de recomposición salarial, incluso en el marco de que se cumplía un año de la peor paritaria en la historia de nuestro gremio desde 1991 (bajo el menemismo). El año pasado, la paritaria quedó 20 puntos por debajo de la inflación, sumado a la flexibilización más general con el presentismo, la productividad y el recorte de licencias.

¿Cómo llegamos a 2020? En pésimas condiciones. La emergencia está en los salarios de pobreza y las múltiples condiciones de precarización. La pérdida salarial durante el macrismo llegó al 300%, pero las paritarias de ajuste no fueron invento de Cambiemos, en una década las y los trabajadores del Estado perdimos el 50% del poder adquisitivo, lo que significa que podemos comprar la mitad de lo que podíamos en 2010. Si a eso le sumamos la devaluación del 2018 y la inmediatamente posterior a las PASO que afectó al conjunto de la clase trabajadora, la situación pinta peor.

El Convenio Colectivo de Trabajo es el que rige por el decreto 214/2006 y se aplica a la Administración Central, Organismos Descentralizados, Presidencia de la Nación, Ministerios y 35 reparticiones más (Institutos Nacionales, Sindicaturas, Comisiones Nacionales, Superintendencias y otros) entre los cuales muchos cuentan con convenio sectorial. Es decir, la fragmentación normativa es la característica más marcada en el empleo público, lo que repercute de manera negativa y variada en términos salariales, jornada semanal, derechos, licencias, carrera, etcétera. Existen dos ejes de la ley Marco de empleo público y del Convenio específico que comprende el Decreto 214/2006 que fueron completamente vulnerados: la estabilidad laboral con despidos masivos, retiros forzados o despidos encubiertos y las jubilaciones anticipadas para pasar el ajuste y el vaciamiento. El segundo eje es la contratación eventual, que se volvió moneda corriente en cualquier organismo o repartición, trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas habituales y permanentes con contratos de obra, servicio y hasta proveedores. Este fue el caldo de cultivo para los despidos masivos que iniciaron en 2016 y que en sus múltiples modalidades llegaron a los 41.000 trabajadores y trabajadoras estatales desplazadas en cuatro años, cifra reconocida por Castellani, actual Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Cifra que creció en febrero con los más de 400 despidos en Río Turbio. A la fecha apenas se reincorporaron 300 en todo el país, y fue fruto de la organización y la lucha sostenida e independiente de las conducciones sindicales. De las reincorporaciones, promesa del actual gobierno: ¿cuándo hablamos?

Como si fuera poco, esta semana se conoció un decreto que establece el pago en cuotas del aguinaldo, se aplicaría a los aguinaldo desde $40.000 en bruto, es decir, sin las deducciones fijadas por ley. La respuesta inmediata de varies fue “a mí no me toca”, “no llego a ese monto” y variantes por el estilo. Al respecto, nos interesa plantear varias consideraciones. En primer lugar, el salario anual complementario es una conquista y un derecho histórico de las y los trabajadores. En segundo lugar, se indica su extensión al Poder Judicial, Legislativo y Ministerio Público a tomar medidas en esta dirección, lo que afectaría a 100.000 trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, cualquier ataque a los derechos conquistados, sienta un precedente profundamente negativo para la clase trabajadora.

Asimismo, lo que desnudó el desdoblamiento de los aguinaldos es que más de 320.000 trabajadoras y trabajadores del Estado, es decir el 65% del total, no llega a percibir un salario que cubra las necesidades básicas de una familia: el monto de la canasta alimentaria y la de bienes y servicios actualizada a mayo es de $68.204. Los salarios son de pobreza con montos en negro por horas extras y un abanico de adicionales que siguen sin incorporarse al convenio.

Sea cual sea el aspecto que se analice, nuestras condiciones de trabajo en este último período se han precarizado todavía más. Una muestra específica es el teletrabajo forzado como consecuencia de la pandemia. Somos categóricas, el teletrabajo se entiende por la excepcionalidad del contexto y condiciones del aislamiento. En ese marco su regulación debe ser coyuntural para que los derechos laborales no sean avasallados. Pero nos oponemos por completo a un avance en la precarización que es lo que está de fondo en esta modalidad. Para derribar mitos, hay que decir que el trabajo a distancia no es nuevo. La extensión de la jornada laboral a nuestros hogares existe y es mayor para las mujeres. Según el reciente informe de CIPPEC, solo el 20% de los y las trabajadoras en todo el país tiene condiciones y capacidad para hacer teletrabajo mientras el mercado de trabajo actual registra a 6.000.000 de personas que no pueden trabajar. El debate de fondo sigue siendo el capitalismo de plataformas y las consecuencias visibles a nivel salarial y de derechos laborales.

En síntesis, nos oponemos a maquillar con el nombre de teletrabajo al avance de una reforma laboral que llega a todos los convenios y que redundaria en perdidas de derechos y condiciones de trabajo. Por eso, los costos de equipamientos, herramientas y conectividad en la modalidad actual deben ser cubiertos por las patronales, porque de lo contrario implican otro golpe al bolsillo trabajador. Y hace falta remarcar que ninguna modificación que regule esta modalidad puede quedar a espaldas de les trabajadores y reducirse a las paredes del Congreso o intercambios entre las direcciones sindicales traidoras con los diputados de los partidos tradicionales que, como vimos en diciembre de 2018, luego votan juntos la reformas contra los y las jubiladas y trabajadores.

¿Y las conducciones sindicales? En la vereda del patrón

Si a Macri le hicieron el juego dividiendo las luchas por abajo y entregando todo lo que pudieron a cambio de los millones de las obras sociales o las causas por corrupción a los peces gordos de la burocracia, a Fernández le dedican una carta abierta. Mientras perdemos salarios y derechos ellos aplican la “diplomacia”. Tanto  UPCN de Andrés Rodríguez, cómplice directo del ajuste, como las distintas verdes de ATE que sólo se pronuncian para las redes y medios pero a les trabajadores nada. Sólo convocan a les delegades generales para dar avisos y sin ninguna resolución ni boceto de plan de lucha.

Necesitamos romper la complicidad de las conducciones, sacarle el barbijo a todos nuestros reclamos pero sobre todo recurrir a la inventiva y diversas formas de conectividad para organizarnos y no permitir seguir siendo la variable de ajuste. Fuimos el sector más golpeado en la etapa anterior y no podemos permitir más entrega.

Plata hay, el problema es donde deciden destinarla: mientras se van 130 mil millones a los bonistas durante esta semana (300 mil millones desde que asumió el Frente de Todos), se subsidia a Coca Cola, Techint, Clarín, entre otras empresas que dicen estar en crisis, sin siquiera exigirle la apertura de sus libros contables, a les estatales nos sobra demasiado mes a fin de sueldo.

Bajo ninguna situación los y las trabajadoras podemos ser variable de ajuste. Es urgente plantear medidas que ataquen los intereses de les que más tienen, les que siempre se benefician, las corporaciones y sectores concentrados del capital, con impuestos a sus grandes fortunas, no con “aportes extraordinarios por única vez” ni con ninguna medida parcial e insuficiente que no resuelve el problema de fondo que es la miseria a la que están atados nuestros salarios. Hay que exigir una auditoría independiente que investigue la composición de la deuda externa, y no pagar un peso más, porque mientras más del 60% de los trabajadores estatales no alcanza la canasta básica, se siguen fugando millones al pago de una deuda ilegítima y fraudulenta.

Nuestros derechos no están en cuarentena

Hoy más que nunca, necesitamos organizarnos en cada organismo para discutir de manera democrática y en asamblea un plan de lucha para enfrentar el ajuste brutal a nuestros salarios. Tenemos que organizarnos desde la base y ejercer presión a las Juntas Internas que no dicen nada o están en cuarentena. Necesitamos estar en estado de alerta, estrechar la solidaridad y reforzar la coordinación. No podemos depositar ninguna confianza en direcciones que prefieren sentarse a pactar rebajas salariales y tregua con la UIA y el gobierno o el FMI.

Transitamos tiempos de apoyar a los sectores que están en lucha y reforzar la coordinación de todas ellas. Penta, La Nirva, les precarizades de comidas rápidas y trabajadores de apps o las y los aeronáuticos de LATAM.

Para todo esto es urgente consolidar un fuerte polo de luchadorxs que, junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo, prepare las bases para la construcción de un nuevo modelo sindical clasista, combativo, democrático y con perspectiva de género que no abandone las calles.

El apoyo a las luchas en curso, el llamado a fortalecer y ampliar el Plenario y la unidad de la izquierda y los luchadores son nuestras premisas centrales. Con las medidas de cuidado sanitario que hagan falta, el PSC tiene que impulsar un plan de medidas que incluyan movilizar a la Plaza de Mayo y el reclamo y preparación desde las bases de un plan de lucha nacional de todo el movimiento obrero.

Desde el MST, ANCLA y Alternativa Estatal, proponemos organizarnos por los reclamos más inmediatos y también por los de fondo. Rechazamos el aguinaldo en cuotas, reclamamos la reapertura de paritarias, una recomposición salarial igual a  la canasta familiar, terminar con la precarización y tercerización, reincorporar a les despedides del macrismo, comisiones de seguridad e higiene con participación de les trabajadores para garantizar la vuelta al trabajo presencial, el teletrabajo no puede ser sinónimo de ajuste. Y sobre todo nos negamos a que se siga pagando la deuda externa a costa de les trabajadores.

Si estas causas te parecen justas y necesarias, te invitamos a ser parte de la primera línea en defensa de nuestros derechos, por nuestra vida y dignidad.