Covid 19: el backstage de la vacuna

Escriben: Gerardo Uceda y Guillermo Pacagnini

El hecho que una de las vacunas que estaría en fase avanzada de experimentación se vaya a probar en la Argentina, ha generado todo tipo de posicionamientos. Desde la negación ridícula de los antivacunas a los que aplauden de manera acrítica. Un enfoque correcto debe abordarse desde una perspectiva científica, socialista y de clase.

Estamos claramente a favor del desarrollo de una vacuna para combatir a una de las peores pandemias que azotó a la humanidad. A todos debiera resultarle evidente que de no contar con una vacuna que nos inmunice contra el Covid-19, el número de enfermos críticos y muertes sería muchísimo mayor, estaríamos expuestos a nuevos brotes periódicamente y las cuarentenas o aislamientos serían una necesidad casi permanente. Tampoco nos negamos a que la misma sea probada o experimentada en nuestro país si ya pasó la Fase 2 (de prueba de seguridad), es una manera concreta de saber si la vacuna es efectiva para proteger a nuestra población. A partir de allí todo lo que tenemos son críticas a cómo se está manejando el tema, no sólo a nivel nacional sino internacional. Una vez más, en manos del capitalismo, la ciencia y la tecnología no redunda directa y universalmente en beneficios para la humanidad al estar en función de la ganancia de un puñado de empresas.

Algunos antecedentes

Desde hace meses tomó estado público que varios grupos científicos en países desarrollados ya conocían desde hace más de 5-7 años de la existencia de este nuevo coronavirus y alertaban sobre un posible “salto de especie”, es decir la posibilidad que afectara a seres humanos.
También trascendió que políticas de austeridad mediante, se recortaron o eliminaron los fondos para seguir investigando. Por lo tanto, hay que relativizar la tan proclamada sorpresa o ignorancia acerca del coronavirus, tantas veces transformada en argumento funcional a las políticas de los gobiernos. Es un hecho que, si se hubieran priorizado esas líneas de investigación, hubiéramos llegado a 2019 con un conocimiento más acabado del virus, su comportamiento y quizás también con una vacuna efectiva para combatirlo. Sabiendo que el desarrollo de una vacuna, siguiendo meticulosamente las fases correspondientes, puede llevar muchos años. A veces, más de una década.

 

Con la expansión de la pandemia, florecieron tantas líneas de investigación, como disputas intercapitalistas. China y EEUU cruzan acusaciones por el origen del virus y compiten en anuncios, sin evidencia científica seria, de tratamientos variopintos.
Con la vacuna, también son varios los que sueñan en primerear con la patente.
De los seis proyectos que trascendieron, dos son las que resuenan ahora con mayor fuerza y publicidad. La del laboratorio yanqui Moderna, que anunció en marzo haber logrado una buena producción de anticuerpos en la primera fase de prueba llevada a cabo en marzo y cuya etapa final comenzaría a fines de julio. Y la de Pfizer, que está en fase 3 y se probará en la Argentina. El anuncio, tal vez demasiado optimista, dice que si en octubre o noviembre hay resultados positivos, la producción de vacuna sería de 1.200 millones de dosis y la expectativa sería tenerla lista para el próximo invierno.

Una vez más, primero sus ganancias

Además del retraso por el ajuste en ciencia y tecnología, hay un segundo problema para la obtención de vacunas: el propio modo de producción capitalista. Como el objetivo central de los grandes laboratorios es la ganancia y no la salud de la humanidad, el desarrollo de las muchas vacunas en danza que salieron a probarse de manera atropellada y anárquica, es siempre competitivo, casi clandestino, sin compartir avances y conocimientos mutuos. No ha existido ninguna inteligencia común entre los estados para lograr una vacuna de la manera más veloz y efectiva que amerita una pandemia como la que transitamos.

Esta forma de investigación, competitiva en vez de cooperativa, está absolutamente probado que retrasa el ritmo del conocimiento. Lo hacen porque aquel que logre tener primero la vacuna, podrá venderla más cara, en mayor cantidad de países y su fórmula será resguardada por diez años con el beneficio de una “patente” que le asegura una rentabilidad extraordinaria por décadas. Vaya un ejemplo bastante ajustado a realidad: si el costo investigación y experimentación de una vacuna ronda los U$S 400 millones y por este tema de la patente pueden vender cada dosis a U$S 300, precio que ellos considerarán accesible como están diciendo, con menos de un millón y medio de dosis habrían cubierto los costos de investigación. Todo lo demás sería ganancia casi neta porque los costos de producción en cadena son mucho menores. Esta cuenta es la que hacen los laboratorios, en su frenética carrera por conseguir la primera vacuna efectiva.

¿Por qué Argentina?

El otro debate es por qué se probará en la Argentina. En realidad, no tiene mucho que ver con que nos utilicen como conejillos de indias como se suele decir. La cuestión de fondo es mucho más sutil, perversa y asociada siempre con la ganancia capitalista-imperialista. Por un lado, está el hecho que en el país existe mano de obra científica, especializada, confiable, formada mayoritariamente en universidades estatales de calidad que les garantiza resultados confiables a sus investigaciones. Y, por otro lado, el más importante para ellos, porque esa excelente calidad la obtienen a un bajísimo costo, ya que pagan honorarios, salarios, insumos y logística en devaluados pesos, lo que en Europa y EEUU les cuesta mucho más. Y, en tercer lugar, porque el estado argentino, típico exponente de un país semicolonial, les permite que una vez obtenidos los resultados y pagados los costos, se lleven todo el conocimiento a sus países para fabricarla y obtener la fabulosa renta de la que hablamos, sólo dejando una vaga promesa que para nosotros sería más barata o tendríamos una incierta prioridad de obtenerla antes. Ambas son burdas mentiras para engañar a algún desprevenido, ya que como siempre sucede, la venderán antes al que ponga los dólares, seguramente los países más ricos. Es decir, al finalizar este recorrido, habremos investigado, prestado recurso humano, infraestructura y logística… para que otros se beneficien antes con el fruto de nuestro trabajo.

Claro que no nos puede encandilar el brillo de los espejitos de colores. Mientras reclamamos las medidas que proponemos a continuación, hay que exigir que toda investigación en suelo nacional debe hacerse bajo un estricto control social, de las organizaciones de trabajadorxs de la salud, universidades nacionales y organizaciones de derechos humanos. Todavía está fresco el recuerdo del tristemente célebre Protocolo Compas, allá por el año 2007. Lo conocimos muy bien ya que la denuncia la realizamos desde la CICOP. Ese estudio fue patrocinado por el laboratorio multinacional Glaxo Smith Kline, y justamente se trató de la fase de experimentación humana de una vacuna para prevenir la neumonía y la otitis media. Catorce niños vinculados al protocolo Compas fallecieron en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y San Juan. La presión ejercida con la evidencia en las manos, logró que la ANMAT finalmente prohibiera esta prueba.

Propuestas socialistas 

Desde el principio sostuvimos que toda la investigación internacional sobre la vacuna y cualquier otro tratamiento antiviral para la pandemia debe ser considerada de utilidad pública, una prioridad de la salud mundial y por lo tanto manejada por los estados con control social y al servicio, totalmente sin fines de lucro, de la población. No podemos dejarla en manos del llamado «complejo médico industrial”. Los grandes laboratorios que no acepten las reglas del juego quedarán sujetos a expropiación. Lo mismo sostuvimos para los laboratorios nacionales y propusimos que toda esta rama de producción sanitaria se incorpore a un sistema único de salud estatal y con control de los trabajadores de la salud para evitar cualquier tipo de lucro sobre la  salud de la población.
A la luz de todo lo expuesto, estos dos planteos no tienen nada de utópicos, son absolutamente concretos e imprescindibles. Si hoy contásemos con un sistema único de salud, de gestión estatal, la multinacional yanqui Pfizer tendría que negociar directamente con el Ministerio de Salud la prueba de su vacuna, no con entes privados o individuos a los que les pagará poco y sin contralor alguno. Todos los involucrados en la investigación, médicos, bioquímicos, enfermeros y pacientes dependerían del estado y éste pondría las reglas para las investigaciones.
Una vez terminadas las investigaciones, la formulación y el conocimiento de la elaboración debe compartirse para poder ser producida en el país sin ningún tipo de patente que protegiera sus ganancias. El país a su vez contaría con los laboratorios para producirla y también se podría negociar que, en la transición hacia una nacionalización de todo el complejo, los laboratorios internacionales produjesen vacunas para la Argentina al costo real de producción.
Hoy la realidad es que el negociado pertenece a Pfizer. Esta multinacional ve en la vacuna para el Covid 19 un gran salvavidas. Porque desde el patentamiento del Viagra del cual sigue lucrando hasta hoy, no ha logrado ningún otro acierto de repercusión mundial relevante.
Mientras tanto, el gobierno de Alberto se limita a aplaudir y a sacarse fotos con su gerente en la Argentina. Por eso sostenemos que la única manera realista de disponer de la necesaria vacuna para todos, es avanzar decididamente hacia un sistema único de salud, que cuente con los recursos humanos, hospitalarios y de producción industrial de medicamentos e insumos al servicio del pueblo. Un sistema que garantice atención gratuita y universal y los medicamentos y vacunas sean un bien social. Todo lo demás es utopía y especulación capitalista con la salud.