Justicia por Blas
Un pibe de 17 años salió con sus amigos y fue fusilado por la espalda por la policía de Córdoba. Se llamaba Blas Valentino Correa y su nombre se sumó a la trágica lista de víctimas del gatillo fácil.
Fue Gatillo fácil
«No es un caso de gatillo fácil. Gatillo fácil es cuando el personal policial tiene alguna motivación para actuar, ya sea repeliendo alguna acción de la víctima o por algún ilícito que esta pudiera haber cometido» declaró a la prensa Alejandro Pérez Moreno, el abogado penalista que representa a los padres de Valentino Blas Correas.
En primer lugar, resulta necesario aclarar que el gatillo fácil no es una figura penal, no está tipificado como delito por ninguna Ley. Gatillo fácil es, ante todo, una categoría política mediática, que se utiliza para denunciar el abuso de las fuerzas represivas del Estado cuando asesinan injustificadamente, en la mayoría de los casos a pibes jóvenes y pobres. Es una de las expresiones más crudas de la violencia institucional y de la discriminación a los sectores populares.
A Valentino Blas Correa la policía lo fusiló por la espalda. No hay ninguna razón que justifique semejante atrocidad, como tampoco la hay cuando fusilan a los pibes pobres en los barrios. Por eso, así como para la policía de Córdoba no hubo diferencias a la hora de disparar, tampoco tiene que haber diferencias a la hora de denunciar que estamos ante un caso de gatillo fácil y salimos a exigir justicia y castigo a los responsables.
El discurso del abogado Pérez Moreno es justificatorio del asesinato de los pibes pobres de los barrios populares y es profundamente clasista, porque pretende diferenciar a Blas por pertenecer a otro sector social. Quizá por esa misma razón este caso tiene la repercusión mediática y social que está teniendo. Pero queremos ser muy claros al respecto: si la policía fusila por la espalda a un pibe de un barrio marginal en un caso de robo o en cualquier circunstancia, también es un asesinato completamente injustificado que amerita todo nuestro repudio y exigencias de justicia.
No es un policía, es toda la institución
Javier Alarcón y Lucas Gómez, los policías que fusilaron a Blas por la espalda, son parte de una institución que tiene en su haber una larga lista de hechos delictivos que salieron a la luz: desde numerosos caso de gatillo fácil, amenazas a periodistas[1], manipulación de evidencias en escenas del crimen que debían resguardarse[2] hasta armas que misteriosamente desaparecen de la Central de policía[3].
Es la misma policía que, según datos de CORREPI, en 20 años del PJ en la provincia, asesinó a casi 400 personas, y sólo en 2019 a más de 20. La mayoría de las víctimas eran menores de 25 años.
Tan comprometida está la policía de Córdoba con este accionar corrupto que la madrugada del 6 de agosto, cuando asesinaron a Blas, intentaron plantar un arma para simular que hubo un tiroteo. Es decir, hay policías que andan con armas no declaradas, listos para plantarlas en caso de considerarlo necesario[4].
Queda claro que más policía no es sinónimo de “seguridad” como nos quieren hacer creer desde el discurso oficial. En primer lugar, porque la policía es parte del delito organizado, y en segundo lugar porque es falso que para resolver el problema de la inseguridad hay que atacar sus efectos, lo que hay que hacer es apuntar a las causas que la provocan. Hay que desarrollar políticas que apunten a revertir la desigualdad social, terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, implementar un shock de reinserción social para la juventud y democratizar la justicia: elegir a los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables, para que la justicia no dependa del poder político, sino de la intervención social. Y a la policía corrupta y asesina, hay que disolverla. ¿De qué manera? Desfinanciando a la policía y su equipamiento represivo; depurando a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibiendo por ley la represión a la protesta social; impulsando el control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolviendo la AFI y demás organismos de inteligencia.
Los dos policías que asesinaron a Blas fueron imputados por homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. Tienen que ser juzgados y condenados. Pero para que de verdad no vuelva a suceder, hay que denunciar también a los responsables políticos y autores ideológicos: el gobernador de la provincia Juan Schiaretti y el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, que alientan y toleran las prácticas de abuso por parte de las fuerzas represivas hacia los pibes de sectores populares, reproduciendo discursos y prácticas estigmatizantes y discriminatorias desde el poder político, y que se la pasaron estos meses usando a la pandemia como excusa para dar más poder a las fuerzas de seguridad. Se lo advertimos: ni el aislamiento ni el distanciamiento social son Estado de Sitio. Este gravísimo hecho también es consecuencia de más de 20 años de políticas de Estado del PJ cordobés, de hostigamiento, persecución, represión y asesinato a los sectores más jóvenes y pobres de la población.
Guadalupe Limbrici – Córdoba
[1] https://www.lavoz.com.ar/politica/confirman-condena-al-excomisario-suarez-por-amenazas-al-periodista-dante-leguizamon
[2] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/tras-fallo-de-nueva-cordoba-no-se-planea-rever-formacion-policial
[3] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/armas-la-historia-del-secreto-mas-guardado-en-jefatura
[4] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/caso-blas-correas-investigan-si-arma-hallada-fue-plantada-tras-disparos-de-policias