Luciana Echevarría denunció penalmente a la Policía de la Provincia de Córdoba

Luciana Echevarría, legisladora por el MST en el FIT-Unidad, denunció penalmente a la Policía Cordobesa para que se investiguen los delitos y hechos de corrupción de los miembros de la fuerza.

En la denuncia, que se encuentra en la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, Turno Seis, la legisladora pidió que a partir de las declaraciones de Miguel Robles (ex  subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación y ex director del Poder Judicial de Córdoba), quien declaró que muchos policías llevan en los móviles armas truchas para plantar en este tipo de situaciones para así poder culpar a la víctima y simular un enfrentamiento[i], se dé inicio a una investigación penal ante la posible comisión de hechos delictivos, por parte de integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba.

De acuerdo al escrito presentado por Echevarría estas prácticas asumen diversas modalidades: desde amenazas contra ciudadanos que deciden enfrentar sus atropellos (véase el caso del ex-jefe de la Policía y el periodista Dante Leguizamón), pasando por la manipulación arbitraria de las actas y procedimientos, hasta la alteración maliciosa de la “escena del crimen”, llegando a extremos de montar “enfrentamientos” inexistentes con las víctimas de sus abusos.

Estas prácticas se ven una y otra en distintos casos de gatillo fácil, como el de Güere Pellico, y más recientemente el asesinato de Valentino Blas Correa, el adolescente que murió en manos de la policía el 6 de agosto, y al que le plantaron un revólver viejo para simular un enfrentamiento.

Este caso en particular se agrava cada día más, con el reciente descubrimiento que dos de los policías implicados en su asesinato tienen antecedentes penales: Lucas Gómez por encubrimiento del violador serial de La Calera en el 2018, y Javier Alarcón por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas en el 2013 en Río Tercero. Aun así, este último fue promovido a cabo primero, y ambos policías seguían patrullando las calles y portando armas.

“Esto da cuenta de un nivel de premeditación y organización que pone en evidencia la existencia de una asociación ilícita en el seno de la Policía, cuyo fin último es garantizar la impunidad en los casos de abuso policial y gatillo fácil. Y esto no puede ocurrir sin el amparo del poder político y judicial que los protege. Por eso es urgente desmantelar al aparato policial y democratizar a la institución judicial. Pero sobre todo avanzar en el juicio y castigo a los responsables políticos de la muerte de Blas y de todos los pibes asesinados por gatillo fácil, que son Mosquera y el gobernador Schiaretti”, explicó la Legisladora.

Candela Gambuli

[i]https://ar.radiocut.fm/audiocut/una-mirada-compleja-sobre-asesinato-blas-correa-y-policia-cordoba-por-dante-leguizamon/