Caso Ovando: justicia patriarcal… y vengativa

La justicia de Misiones vuelve a atacar a María Ovando. En 2012, María pasó más de un año y medio injustamente presa, acusada de “no impedir” la muerte de su hija por desnutrición. Tras ser absuelta, demandó al Estado. Ahora esa misma justicia la acusa de no haber evitado el abuso sexual de su otra hija. Al haber evidenciado la no justicia, María sufre una vigilancia constante sobre su maternidad, su vida y la de su familia.

Andrea Lanzette

El juicio contra María en 2012, al que llegó acusada de abandono de su pequeña hija Carolina, expuso ante todo el país las arbitrariedades de un Poder Judicial que criminaliza la pobreza, hostiga a los sectores más vulnerados y es profundamente machista, ya que sienta en el banquillo a una mujer pobre y víctima de violencia extrema durante toda su vida.

Desde niña María fue entregada por su padre a su primera pareja y sometida también a la violencia física, el miedo y la humillación. Vivió una vida de miseria y sacrificio, primero obligada a trabajar para sus parejas y luego para el Estado, picando piedra a canje de alimentos.

Como expresa la comisión de derechos humanos que la acompaña, “aquel caso demostró los criterios discriminatorios y estigmatizantes con que la Justicia y otras instituciones del Estado tratan a las mujeres pobres, la arbitrariedad con la que actúan, ejerciendo una violencia institucional extrema en su carácter patriarcal, clasista, corporativo y abusivo”.

La lucha la liberó

La fuerza de la movilización y la difusión visibilizaron la marginalidad extrema en la que vivían María y sus hijos. Esa presión permitió su absolución. Muchas personalidades respaldaron ese reclamo. Junto a un equipo de abogados, organizaciones de derechos humanos misioneras y el movimiento feminista, nuestra compañera Vilma Ripoll con Juntas y a la Izquierda y el MST estuvo a la cabeza de esa pelea.

María salió en libertad y recuperó su vida, aunque mucho no varió la precariedad en la que vivía. El Estado provincial, aun consciente de esa vulnerabilidad, nada hizo para variarla. Al revés: aumentó las exigencias y controles para que se revinculara con sus hijos, imponiendo una revisión mensual para evaluar su “idoneidad” como madre. Ese control lo ejerció el Juzgado de Familia a cargo de la jueza Margarita Potschka.

En realidad fue un verdadero hostigamiento judicial contra María, sus hijos y nietos desde 2012 a 2015: controles médicos y de trabajadoras sociales, por un expediente que debió ser cerrado tras la absolución de María y la restitución de sus niñas. Por supuesto, de todos esos estrictos controles no surge ni el menor indicio de maltrato ni menos aún de facilitar cualquier tipo de abuso sexual.

Un nuevo hostigamiento judicial

La causa actual se inició casi al mismo tiempo en que María Ovando, con el patrocinio de la abogada Roxana Rivas, demandó al Estado de Misiones. La fiscal que pide la elevación a juicio es Bibiana María Alderice y se tramita en Eldorado.

Se pretende responsabilizar a María por haber permitido el abuso sexual hacia una de sus hijas, que además no vivían con ella porque la jueza Potschka en 2015 le retiró arbitrariamente la guarda de las nenas a María y se las entregó a los supuestos abuelos paternos, un vínculo que hasta hoy sigue sin acreditarse. A los 40 días de haber recibido a las niñas, en abril de ese año, la supuesta abuela radicó la denuncia penal contra María.

Revictimización habitual

La Fiscalía tomó la denuncia y lejos de investigar el hecho decidió ir sobre María y dos jóvenes a los que les endilgan un vínculo sentimental con ella y mantienen presos hace cinco años: Marcos Iván Laurindo y Lucas Sebastián Ferreira. Amigos de los hijos mayores de María, sin prueba alguna les aplican una prisión preventiva violatoria de los convenios internacionales y del derecho interno argentino.

La denuncia no describe los supuestos hechos que se le imputan a María, no hay tiempo ni lugar. Sólo se enuncia que si hubo abuso sexual María lo sabía y nada hizo para impedirlo. El Juzgado de Familia no hizo seguimiento del caso ni recabó informes sobre las niñas bajo su nueva guarda.

En 2012, el juicio a María expuso la inexistencia de políticas públicas contra el hambre y la miseria del gobierno de Misiones, así como lo discriminador y machista de su “justicia”: como no pudo no absolverla, ahora busca cobrarse el costo sufrido.

Una justicia, todas las justicias

La justicia de Misiones persigue a María mientras deja impunes femicidios ocurridos en la provincia, varios de ellos asociados a los hijos del poder:

• El asesinato de Silvia Andrea González, en 2001. Tras 18 años, el Superior Tribunal de Justicia absolvió a Hugo Dante Willy Ríos, hijo del intendente de Campo Viera.
• El brutal asesinato de Marilyn Bárbaro, en Oberá, en 2004. Entre los sospechosos se encuentran hijos de varios funcionarios políticos.
• En 2012, la estudiante Lieni Itatí Piñeiro fue violada y degollada en Puerto Esperanza. Hay un único condenado, pero según la familia de “Tati” siguen impunes otros hijos del poder.

En cuanto a la hija de María, se sospecha que quien perpetró los abusos fue el supuesto abuelo paterno. Nunca se investigó esa hipótesis. María tiene doce hijxs. Mientras estuvo presa, algunxs quedaron al cuidado de su madre y otros de personas que se hicieron pasar por sus abuelos paternos. Pero la justicia apunta a María y su entorno, en un disciplinamiento hacia ella y hacia todas aquellas que visibilizan la cara medieval de ese poder. La causa por abuso sexual parece avanzar al compás de los avances de la causa civil de María contra el Estado, como una venganza.

Pero la justicia no sólo es patriarcal en Misiones. Hace poco, el fiscal Santiago Terán, de Cutral Có, instó a las mujeres víctimas de violencia de género a portar armas; cuando la periodista Lucila Trujillo le cuestionó esas declaraciones, Terán la atacó: “Gritás como loca y sos de esas personas que se victimizan. Conmigo no te vas a hacer la torita”. El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, llamó “desahogo sexual” a una violación en manada y consideró que como la víctima se hallaba semiinconsciente el hecho no era tan grave. Y podemos seguir con una larga lista.

A María Ovando la está defendiendo el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género a través de los abogados Eduardo Paredes, José Luis Fuentes y Roxana Rivas (a quien a su vez también persiguen y nos solidarizamos con ella). Asimismo, se formó una comisión de organizaciones políticas, sociales y de género para acompañar el proceso. Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, como lo hicimos en 2012, nos sumamos al reclamo de justicia por María.