Alquileres y despidos: decretos mentirosos del gobierno
El Gobierno extendió el plazo de dos decretos de necesidad y urgencia, referidos a alquileres y despidos, en estas líneas explicamos cuál es su contenido y nuestra posición al respecto.
El 23 de septiembre Alberto Fernández sancionó el DNU 761/2020 que prorroga la prohibición de los despidos y suspensiones “sin justa causa” por el plazo de 60 días. Posteriormente, mediante el DNU 766/2020, se prorrogaron también los plazos del decreto que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos.
Al respecto de este último, resultan relevantes los datos difundidos por Zonaprop que desde la sanción de la nueva ley de alquileres -junio de 2020-, el precio promedio de alquiler tradicional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió un 19,2%, con 14 barrios con incrementos superiores al 20% sólo en los últimos 3 meses [1].
En lo que va del 2020, el precio promedio de los alquileres acumula una suba del 39,6%, el doble que la inflación y por encima del ajuste de los créditos UVA (22,8%). Con respecto a los promedios en CABA, un departamento medio de 2 ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en $ 26.137 por mes. Por su parte, una unidad de 3 ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 36.184 mensuales. En los últimos 6 meses, los valores de alquiler aumentaron a una velocidad de 56% anual, la mayor suba desde 2012, un verdadero escándalo.
A su vez, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), -el seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que realizan economistas consultados por el BCRA[2]– prevén para los próximos 12 meses una inflación de 51,9%, de paritarias e indexación de salarios por inflación ni se habla.
¿Y con el DNU sobre despidos y suspensiones?
Como explicábamos al inicio de esta nota, el gobierno oficializó la prórroga de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días desde el 24 de septiembre. Durante el segundo trimestre de este año, pese a que se encontraba vigente el referido DNU, el INDEC informó que la desocupación creció al 13,1%[3].
A su vez, el Ministerio de Trabajo publicó el 10 de agosto un informe con datos hasta mayo de este año donde detalla que se produjeron 740 mil suspensiones (aproximadamente el 12% del sector privado) y 409 mil personas perdieron su trabajo registrado en relación de dependencia en el sector público y privado [4]
Entonces, si la desocupación crece, y se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, ¿están o no prohibidos los despidos?
Lamentablemente, si bien la prohibición de despidos y suspensiones es una medida por demás necesaria, el propio gobierno en el decreto previó la salida que necesitaban las grandes patronales para eludir el cumplimiento del DNU. Respecto de los despidos, vale destacar que no sólo no hay ningún control de las decisiones de las empresas, sino que se permite efectuar acuerdos que finalicen el vínculo laboral por cualquiera de las causales no especificadas en el decreto (despido sin justa causa o por falta y disminución de trabajo) y posteriormente dichos acuerdos son homologados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, están prohibidos en los papeles pero no “tan” prohibidos en la realidad. De más está decir que tales convenios, siempre son por debajo de los montos que debería percibir el trabajador despedido en concepto de indemnización (especialmente en la actualidad donde rige la doble indemnización).
Por otro lado, es el mismo decreto que permite efectuar suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT[5] es decir de manera “acordada” con el trabajador. El quid de la cuestión no es la suspensión en sí, el problema es que en virtud de ese artículo se puede “concertar” con el trabajador la rebaja de su salario por estar suspendido.
Pareciera que se olvida el gobierno que la relación de trabajo –y por ende de explotación- es una relación profundamente desigual, el hecho de que en los papeles se “concerte” con lxs trabajadorxs las suspensiones y la rebaja salarial que conllevan las mismas, lo que hace es consolidar esta desigualdad y darle la posibilidad a los patrones de que impongan las condiciones que les plazca, máxime en esta situación de pandemia mundial y crisis económica en la que perder el trabajo posiblemente implique estar desocupadx durante muchos meses.
Párrafo aparte merece la burocracia sindical que no sólo no ha insistido en la realización de las paritarias, o que como mínimo las patronales cumplan con el decreto de necesidad y urgencia, sino que ha permitido y avalado las rebajas salariales en distintos gremios y son los primeros que ponen la lapicera para el tipo de acuerdos que mencionábamos en el párrafo anterior. Tampoco ha puesto sobre la mesa para la discusión con los empresarios medidas alternativas para evitar las suspensiones, como por ejemplo el reparto de horas de trabajo en turnos diferentes sin afectar salario, que incluso reduciría la posibilidad de contagios en los centros de trabajo.
La vivienda propia y el trabajo como derechos inalienables
En el país unos 9 millones de personas alquilan y otros 3 millones carecen de vivienda digna. Para cambiar esta situación acuciante para los sectores mas vulnerados, el Estado debe promover planes de construcción efectivos: se estima que cada vivienda genera 2,5 puestos de trabajo, de modo que un programa para construir 200 mil viviendas implicaría crear medio millón de empleos[6]
Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto a favor de éste último. Por sólo dar un ejemplo, con los $ 37.681 millones que en una primera etapa Fernández destina al “megaplan” de seguridad bonaerense se podrían construir unas 38 mil viviendas populares, dar techo digno a unas 200 mil personas y crear 100 mil puestos de trabajo.
Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings. Exigimos que el derecho a la vivienda sea atendido con subsidios para la compra de materiales y acompañamiento para la construcción.
Lo mismo sucede con el trabajo y las condiciones dignas de acceso al mismo, durante esta pandemia, la desocupación creció de manera alarmante, con el asentimiento sin chistar de la burocracia se rebajaron los salarios de miles de trabajadores, y en otros gremios se han congelado las paritarias. Creemos que es necesario más que nunca salir a dar pelea a todos estos atropellos patronales avalados por el gobierno de Alberto Fernandez y pararles la mano, y construir desde abajo una alternativa política de lxs trabajdores y el pueblo.
Iara Saldungaray
[1] https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/para-inmobiliarias-la-extension-del-dnu-habra-menos-oferta-n5135523
[2] Banco Central de la Republica Argentina.
[3] https://www.pagina12.com.ar/294347-el-gobierno-oficializo-la-prohibicion-de-despidos-por-otros-
[4]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/trabajoregistrado/trabajoregistrado_2005_informe.pdf
[5] Ley de contrario de trabajo 20.744
[6] https://mst.org.ar/2020/06/16/nueva-ley-de-alquileres-necesaria-pero-insuficiente/