Economía: lo que se viene

«Gradualista», «moderado» o «de bajo perfil», dijeron algunos analistas ante la salida de Alfonso Prat Gay de Economía. «No sabe trabajar en equipo», dijeron otros. Pero el mejor adjetivo para explicar la crítica situación económica que llevó a la decisión de reemplazarlo por Dujovne y Caputo, dividiendo el antiguo Ministerio, es «fracasado».

Digamos que el fracaso de Prat Gay era casi una fija. Es que tenía la muy difícil tarea de tratar de «normalizar» bajo normas capitalistas ortodoxas la economía argentina, que ya venía en crisis y con muchas contradicciones desde al menos siete años del período kirchnerista. Ese «normalizar», en términos del pensamiento de Mauricio Macri, es poner todos los recursos del Estado y la economía toda al servicio de los grandes capitalistas externos y locales, haciéndoles pagar el costo de la crisis a la clase trabajadora y el pueblo.
Prat Gay hizo todo lo que pudo en ese sentido: entre otras cosas, por ejemplo, les liberó el dólar, devaluó el peso un 50%, les quitó las retenciones, les pagó a los fondos buitres y se endeudó por años ante los usureros internacionales de siempre. Pero no alcanzó. Macri quería más y más ajuste, más suba de tarifas y del transporte para eliminar los subsidios y echar a un millón de trabajadores estatales para bajar el gasto público en sueldos. Y todo eso encima lo quería sin provocar recesión, sin que la gente saliera a resistir y sin que tuviera que pagarlo electoralmente este año.
Lo dicho: fue un fracaso anunciado. Prat Gay no logró despedir ni la quinta parte de lo que le pedía el presidente. No sólo no bajó el gasto público sino que aumentó el déficit fiscal, ya que además la recesión galopante hizo caer el consumo a niveles históricos desde 2003 y la inflación de 2016 fue también la más alta desde la crisis de 2001: un 40,9%.
Las luchas populares y la bronca contra los despidos, la recesión, los salarios a la baja y la pérdida del poder adquisitivo no se hicieron esperar. Por eso el gobierno tuvo que aminorar los despidos, desdoblar los tarifazos, retocar un poco el impuesto al salario y repartir más de lo previsto en planes sociales. Si no, la conflictividad social iría en aumento y el panorama electoral se le dificultaría.

A qué vienen Dujovne y Caputo

La respuesta es simple: a intentar llevar adelante lo que Prat Gay no pudo y dar un par de vueltas de tuerca más al ajuste. Para llevar tranquilidad a «los mercados» y la burguesía, intentan presentarlo como un plan «más integral». Pero aunque más explícitos, sus ejes son los mismos que el anterior.

Bajar el gasto del Estado. Vuelven a la carga con que hay que echar a un millón de empleados estatales y reaparece la idea de condicionar los aumentos salariales a criterios de productividad1. La otra pata del ajuste son las «decisiones administrativas» que implican recortes presupuestarios a todos los ministerios, como ocurre en Educación, Ciencia y Técnica o Salud. Esto significa anulación o reducción de programas, fusión de áreas y despidos. La única excepción al recorte de fondos es el Ministerio del Interior, que «casualmente» maneja al mismo tiempo las obras públicas y el proceso electoral…
Todo para los de arriba. En 2016 el gobierno aumentó un 93% el endeudamiento externo. Por intereses pagó $157 mil millones (unos U$S 10.000 millones) y más los pagos de capital supera los $ 260 mil millones. Redujo las retenciones al campo y se las anuló a la minería. Aparte de los tarifazos, las empresas de servicios recibieron «asistencia financiera» por $ 3.450 millones (distribuidoras de gas) y $ 2.000 (eléctricas). Las petroleras subieron un 39% los combustibles y van por más. Y si Prat Gay bajó a cuatro meses la restricción al ingreso de capitales golondrinas (antes no los podían sacar del país por un año), Dujovne la eliminó. Los especuladores, agradecidos.
A los de abajo, más ajuste. Aunque hablan de «gradualismo» y de una «reforma impositiva integral», los nuevos ministros ya anunciaron que continuarán los tarifazos, las paritarias tendrán un techo del 20% y no eliminarán el impuesto al salario. Tampoco hay más devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito y en el PAMI recortaron medicamentos gratuitos a los jubilados. A los capitalistas les prometen una nueva flexibilización laboral, como la que pactaron con el sindicato petrolero en Vaca Muerta, con el verso de que al «bajar el costo laboral» aumentará el empleo en blanco.
Si el plan de ajuste macrista no pudo avanzar todo lo que necesitaban el gobierno y las corporaciones fue por la resistencia obrera y popular, a pesar de los pactos de las direcciones políticas falsamente opositoras (PJ-FPV, FR) y de las traiciones de la burocracia sindical. Nada indica que esa resistencia vaya a disminuir. Como vemos, la tarea de los ministros entrantes es más dura aún que la de Prat Gay. Imponer su plan no les será nada fácil y menos aún en un año electoral, en donde es sabido que cada medida antipopular resta votos.

Un plan económico alternativo

Ninguna experiencia mundial y mucho menos nacional confirma el verso macrista de que hacerles concesiones a los grandes capitalistas, bajar el costo laboral o reducirles impuestos redunde en un «derrame hacia abajo». Más bien es al revés: en el último año aumentaron la pobreza y la desigualdad social, y no bajó en nada la informalidad laboral.
Nosotros coincidimos en que hace falta una reforma impositiva global, pero de sentido totalmente inverso al que plantea el gobierno: hay que ajustar a los de arriba, a los grandes empresarios y banqueros, para que la crisis la paguen ellos.
Ponerles fuertes retenciones a los agroexportadores y oligarcas, gravar la renta financiera, poner impuestos crecientes a las grandes riquezas y a las ganancias de las corporaciones. También anular el impuesto al salario y el IVA a la canasta familiar para todos.
Asimismo es preciso suspender de inmediato todos los pagos de la deuda externa y hacer una auditoría pública desde su origen bajo la dictadura militar.
Hay que rescindir los contratos y reestatizar bajo control social todas las empresas de servicios, que desde las privatizaciones del menemismo hasta hoy siguen currando con los subsidios del Estado. Lo mismo con el petróleo y el gas.
Es necesario nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, acabar con la usura de los bancos privados y disponer un plan de créditos populares y para pequeños productores.
Con todos estos recursos sobraría para garantizar salarios y jubilaciones dignas, implementar un plan de obras públicas y viviendas populares para dar trabajo genuino, iniciar un plan de reactivación industrial y aumentar los presupuestos de educación, salud y ciencia, entre otras necesidades estructurales.

Gerardo Uceda