Cárceles, pandemia y derechos humanos

El reciente reclamo en la cárcel de Devoto puso de relieve debates de coyuntura y de fondo. El abordaje amarillista está lejos de aportar a una comprensión del tema, y más lejos aún de darle una solución al hacinamiento y la latente expansión del coronavirus. ¿Por qué algunxs detenidxs piden salir? ¿Quiénes deberían acceder a la prisión domiciliaria o libertad y quiénes no? Aquí, algunos elementos para aportar al debate.

Algo de historia de Devoto

Inaugurada en 1927, la cárcel de Devoto fue escenario de múltiples enfrentamientos y luchas. La movilización popular conocida como “Devotazo”, que liberó a decenas de presas y presos políticos que en 1973 estaban encarcelados ilegítimamente por la dictadura militar de Onganía, es un gran ejemplo de ello.

Devoto, además, funcionó como centro de detención clandestino y torturas durante la última dictadura militar, siendo protagonista de la “masacre del pabellón séptimo” (marzo de 1978), en donde fueran declarados más de 60 presxs muertos y 85 gravemente heridxs. Hecho que lamentablemente fue investigado en mayor profundidad a partir de los túneles construidos con motivo de fuga de “La banda del gordo Valor” en los ’90, ya que fueron encontrados decenas de huesos humanos, confirmando lo obvio: asesinaron a muchxs más de lxs contabilizadxs en aquel entonces.

De insalubre todo, de reinserción social nada

Se trata de una cárcel cuya característica principal fue la lucha de quienes albergó. Incluso, a lo largo de su historia, los “motines” (categoría construida para invisibilizar el carácter de reclamo de la medida) siempre fueron llevados adelante por las condiciones que padecían lxs detenidxs.

En los ’70, en algunos pabellones, la cantidad de presxs duplicaba la capacidad real y las condiciones de infraestructura eran de extrema precariedad. En 2016, tras una inspección sorpresiva, las imágenes revelaron la falta de alimentación y agua potable, hacinamiento, ausencia de higiene, sin provisión de agua corriente, ni luz eléctrica y poca luz solar, sin camas, ni cocina ni baño: abandono total.

Cuando a fines de 2017, producto de una denuncia, se constata la continuidad de la situación, se procesa a las autoridades penitenciarias^[1]. Pero lo que parecía un avance terminó en amague: algunos sólo cambiaron de puesto y todos siguen trabajando para el Complejo. Más aún: cifras preocupantes son las que presenta la Procuración Penitenciaria de la Nación. Marcan un “significativo incremento de la medicalización del sufrimiento subjetivo y de la demanda de psicofármacos por parte de la población penal en un contexto de sobrepoblación y emergencia penitenciaria”^[2].

En resumen, no hay políticas de Estado que apunten a la resocialización, ya que, sumado a la insalubridad y falta de higiene en los penales (incumpliendo el art. 18 de la Constitución nacional), faltan espacios de formación para que lxs internxs, cuando obtengan su libertad, posean mayores aptitudes para desarrollarse en la vida en sociedad. Y, aunque algunas unidades como la de Devoto cuenten con un Centro Universitario, la falta de recursos (libros, PC, internet, fotocopias, etc.) es una constante que obstaculiza el acceso a la educación, la permanencia y egreso, subsistiendo únicamente con las donaciones de organizaciones.

A su vez, el Patronato de Liberados tiene como meta lograr la prevención del delito mediante la inclusión social y la promoción de programas que ayuden a quien sale en libertad a superar su vulnerabilidad socioeconómica. Pero allí también hay deficiencias graves en su rol y carencia de presupuesto, de modo que las pocas personas que salen libres quedan desamparadxs para reinsertarse.

Covid 19 + sobrepoblación = bomba de tiempo

La situación del penal era ya crítica, por lo que la pandemia sólo la profundizó y la expuso una vez más. En notas anteriores^[3] se describe la situación de los penales bonaerenses y cómo las condiciones de hacinamiento hoy representan una cuestión de vida o muerte. Para ponerlo en números, en particular Devoto cuenta con 1.696 plazas permanentes, pero el Servicio Penitenciario Federal informa que la “capacidad operativa utilizable” es de 1.754, sin explicitar qué parámetros emplea para llegar a esa cifra^[4]. Los últimos datos oficiales son de 2018, y aunque señalan un total de 1.830 personas, notas periodísticas posteriores hablan de más 2.000 presos^[5]. Totalmente incompatible con las medidas de protección básicas que sugiere la OMS.

La situación se vuelve más tensa cuando el 13 de abril, mediante la Acordada 9/2020, la Cámara Federal de Casación Penal emite una serie de recomendaciones a los tribunales federales para que adopten medidas alternativas al encierro. Por ejemplo, arrestos domiciliarios de mujeres embarazadas, personas condenadas a penas de hasta tres años de prisión por delitos menores, personas con riesgo para la salud, etc., a fin de afrontar la emergencia de la pandemia en el contexto de sobrepoblación carcelaria.

Sin embargo, esas recomendaciones no fueron aplicadas, y para frenar esos posibles arrestos domiciliarios, la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema, argumentando que “no estaba claro a qué detenidxs aplicaba la resolución”. Entretanto, el hacinamiento en los penales y la pandemia del Covid-19 siguen avanzando.

Según la información más actualizada del SNEEP, en 2018 sólo el 42% de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal tenía condena, es decir, el 58% restante estaba aún en situación de “procesadx”^[6]. ¿Qué significa esto? Que, según la Constitución nacional, se presume su inocencia hasta que una condena firme demuestre lo contrario. Sin embargo, el Poder Judicial, abusando de la figura de la “prisión preventiva”, adelanta una pena incluso sin fundamento, y contribuye a la sobrepoblación, encarcelando a personas sin condena. Entonces, aún más, su libertad debería garantizarse en un contexto excepcional como el actual. Insistimos: son personas que hoy ante la ley del Estado argentino son inocentes.

La cuestión empeora al hablar del penal de Devoto: de los 1.830 internos declarados en 2018 tan sólo 391 tienen condena, es decir un 21% del total. O a la inversa: casi el 80% de quienes están en el penal no tienen condena, y por ende son presuntos inocentes^[7]. ¿Qué hacer, entonces?

Criminalidad y deshumanización

Aun sin incluir todos los tipos de delito, se sabe^[8] que si hay crisis económica, hay un aumento de la pobreza y la desigualdad social, lo que se traduce en la profundización de los mecanismos de exclusión y por ende, en un aumento de las conductas delictivas. Joker^[9] no nace: se hace. Lo hacen.

Y la historia se repite por miles y miles de personas que, producto de las lógicas de acumulación de la riqueza en un 1% de la población en el capitalismo, están relegadas a ser parte del 99% restante. Son arrojados a peores condiciones materiales y simbólicas de existencia a medida que la crisis se profundiza.

¿El resultado? El mismo Estado que alienta la desigualdad, que legitima la explotación de una clase por otra, cuando ya no puede garantizar su dominación ideológica, acude a su brazo armado, al “palito de abollar ideologías”: represión, persecución, mano dura. Claro está, las formas que toma en un contexto signado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, aunque se presenten como nuevas (ciberpatrullaje, censura, etc.), son de larga data, y su esencia la vemos en los barrios más humildes.

Y aunque frente al reclamo de lxs reclusxs, el gobierno y la justicia se vieron obligados a habilitar una negociación, a la vez la Rosada dejó vía libre a las fake news y a sectores reaccionarios, que hacen una campaña de confusión y profundizan la estigmatización y demonización de las personas detenidas.

En este aspecto es importante destacar que, de los 13.358 detenidxs en cárceles federales registrados en 2018, 5.208 lo están por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y 4.226 por el delito de robo y/o su tentativa. Es decir, el 71% de internxs están detenidxs por delitos leves. A su vez, en el caso de Devoto, sobre 1.830 detenidos contabilizados en 2018, 742 están por el tema drogas y 725 por robo y/o tentativa (o sea el 80% por un delito leve).

El autoritarismo viene del poder

¿Por qué decide asumir un rol tan ambiguo el gobierno nacional y no defiende la postura de la justicia que plantea liberaciones o prisiones domiciliarias? Desde el MST y la Liga Internacional Socialista, venimos planteando que los toques de queda, prohibición de reuniones, de manifestarse, de circular y la militarización, son la expresión de un giro autoritario y represivo mundial, que alienta la violencia institucional y las violaciones a los Derechos Humanos de los sectores populares^[10].

Foucault (2009) explica que “la clase en el poder se sirve de Ia amenaza de Ia criminalidad como una coartada continua para endurecer el control de Ia sociedad. La delincuencia da miedo, y ese miedo se cultiva” (Ibid.; p. 201)^[11] a través de discursos y prácticas que “en suma (…) funciona[n] como una suerte de nacionalismo interno. Así como el temor al enemigo hace ‘amar’ al ejército, el miedo a los delincuentes hace ‘amar’ el poder policial” (Ibid.).

O sea, esta política se traduce en la exigencia por el recrudecimiento del castigo: “mano dura”, “si están presos por algo es”, “hay que matarlos a todos”… Es absurdo acusar de violentxs a todxs los detenidxs y al mismo tiempo querer mayor violencia con ellxs (sabiendo, además, que la mayoría se encuentran detenidxs por delitos leves). No obstante, conociendo las arbitrariedades de la justicia y el poder político, no pocas víctimas y sus familiares, así como organizaciones sociales y de DDHH, dudan si las liberaciones tienen alguna ventaja y con toda legitimidad^[12] se oponen a dejar libres a asesinxs, femicidas, violadores y genocidas.

Entonces, con la profundización de la crisis social y económica, acelerada por la pandemia, los gobiernos aprovechan para avanzar hacia un Estado más policial y represivo. El efecto es doble: se deshumaniza y se demoniza más a lxs detenidxs, a la vez que el Estado capitalista fortalece su aparato de control social, previendo que las protestas populares crecerán. Por ello, el gobierno nacional se intenta despegar del controvertido tema.

Propuestas a corto y mediano plazo

En resumen, la actual crisis del sistema capitalista, más temprano que tarde va a desarrollar confrontaciones, y es en ese sentido, que asumen un carácter preventivo las políticas de fortalecimiento policial, siendo el principal objetivo de esas medidas el disciplinamiento social de lxs trabajadores y la juventud.

En cuanto a la pena privativa de la libertad, la prisión, en vez de ayudar a resocializar a la persona condenada, la obliga a adaptarse a un sistema signado por la corrupción, que empuja a recurrir a prácticas del mismo orden para sobrevivir o mejorar la situación. Lxs detenidxs son un mercado cautivo para lucrar con todo tipo de producto y para ser mano de obra de delitos institucionales. A ese trasfondo, hoy se agrega la pandemia. Ante esta situación, proponemos algunas medidas principales:

En la emergencia

• Prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos leves y que sean parte de los grupos de riesgo: mujeres embarazadas y/o con hijxs, personas con enfermedades o internxs de avanzada edad. Dar cumplimiento al aviso a las víctimas.
• Libertad a quienes estén cursando salidas transitorias hasta antes de la pandemia y a aquellas detenidas con prisión preventiva por delitos leves, que no supongan riesgo de fuga ni entorpecimiento en la causa ni amenaza para la víctima.
• Permanencia en los centros penitenciarios de personas condenadas por delitos de abuso sexual, homicidios agravados (como los femicidios), lesa humanidad, u otros delitos graves. En estos casos deberá garantizarse barbijos, alcohol en gel y demás insumos necesarios para cumplir las medidas de prevención por la pandemia.
• Testeo de todas las personas detenidas, con prioridad para los penales en los que ya se han confirmado casos positivos de coronavirus, así como también al personal penitenciario, que entra y sale agravando las posibilidades de contagio.

A mediano plazo

1. Un cambio total del sistema penitenciario, que tenga condiciones de espacio, alimentación y salud dignas, y con programas que ayuden a lxs internxs a desarrollar su vida en libertad sin volver a la vías delictivas.
2. Una política criminal que trabaje en pos de combatir realmente el delito, y no se base en un sistema punitivista sino en uno que contribuya a la resocialización.
3. Una seguridad democrática y preventiva, que reemplace a la actual policía de gatillo fácil y represiva. Con elección de lxs comisarixs por voto popular, control de los organismos de DD.HH. y derecho a la sindicalización policial.
4. Una democratización real de la justicia, que no es independiente sino sujeta al poder político. Elegir lxs jueces y fiscales por voto popular en fecha distinta a la elección política, con mandato limitado y revocable, así como la implementación de juicios por jurados en las jurisdicciones que aún no cuentan con ellos.

Desde ya, estos cambios transicionales los proponemos como parte de una transformación radical de la economía y las instituciones actuales, para superar este capitalismo desigual y decadente y avanzar a una sociedad socialista.

Tamara Yapura y María Viñas

MST Derecho UBA / Instagram: @mstderechouba

Si querés denunciar una situación de abuso policial, podés comunicarte al (11) 2177-4145.

^[1] El penal de Devoto había recibido 44.850 cepillos dentales, 52.616 jabones de tocador, 58.312 máquinas de afeitar, 49.008 pastas dentales, 7.045 lavandinas de 5 litros, pero nunca llegaron a manos de los internos. https://www.tiempoar.com.ar/nota/procesan-a-autoridades-penitenciarias-por-las-condiciones-de-devoto

^[2] Información acerca del Complejo Penitenciario Federal de C.A.B.A. en la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Disponible en: https://www.ppn.gov.ar/institucional/lugares-de-detencion-monitoreados/unidades-penitenciarias/1821-cpf-caba

^[3] “Pandemia y hacinamiento: Reclamo por condiciones en las cárceles” por Patricia Ríos y Juan Bonatto. Nota en la página oficial de MST. Disponible en: https://mst.org.ar/2020/04/24/pandemia-y-hacinamiento-reclamo-por-condiciones-en-las-carceles-que-se-multiplica/

^[4] “Alarmante incremento de la sobrepoblación en la cárcel de Devoto” por Cecilia Di Lovidico. Nota en el diario Perfil. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/policia/alarmante-incremento-sobrepoblacion-carcel-devoto.phtml

^[5] Ibídem.

^[6]  Información proporcionada por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2018/InformeSNEEPSPF2018.pdf

^[7] Información proporcionada por el SNEEP. Disponible en: https://www2.jus.gov.ar/dnpc/sneep.html

^[8] “Los problemas del servicio penitenciario. La cárcel como depósito” por Anabella Museri y Hugo Spinelli. Nota en la Revista Anfibia. Disponible en: http://revistaanfibia.com/ensayo/la-carcel-como-deposito/

^[9] “Jocker”, película dirigida por Todd Phillips (2019).

^[10] “La peste capitalista y la necesidad del socialismo”, por Alejandro Bodart. Disponible en: http://lis-isl.org/2020/04/05/la-peste-capitalista-y-la-necesidad-del-socialismo/

^[11] Foucault, Michel (2012). El poder, una bestia magnífica. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.

^[12] “Legítimo”, entendido como justo o razonable.