Salta: No al protocolo del gobierno para volver a las escuelas
El protocolo de vuelta a las escuelas para reanudar actividades de administración y de comisiones evaluadoras encendió la alarma. Y el gobierno de Sáenz-PJ debió retroceder ya que la docencia salteña repudió el intento de responsabilizar a trabajadores por posibles contagios de coronavirus.
En la provincia se van conociendo nuevos casos de coronavirus, los últimos fueron detectados en localidades del norte, lo que llevó a que distintas localidades volvieran a fase 1. Mientras tanto, el gobierno de Sáenz-PJ sostiene que no hay circulación del virus e intenta cubrir con un manto de normalidad una situación que no lo es, en ese afán insiste con abrir las escuelas.
Por eso, el martes 23 el gobierno dio a conocer la Resolución 140/2020 del ministerio de Educación de Salta con un protocolo de acción para la vuelta a las instituciones educativas. El lunes 29 debían volver la administración y docentes a cargo de comisiones evaluadoras (toma de exámenes), pero su publicación alarmó a la docencia.
Reconocemos la necesidad de estudiantes de nivel secundario y nivel superior de finalizar su carrera, pero consideramos que el esfuerzo que estamos haciendo todes para evitar los contagios, no puede ser tirado por la borda por el gobierno. Podemos esperar un tiempo más, hasta que las condiciones sanitarias estén dadas para volver. La comunidad educativa no puede acceder a presiones de un gobierno que flexibiliza cada vez más la cuarentena porque insiste en no acompañarla con las medidas sociales, económicas, educativas y sanitarias suficientes que venimos exigiendo desde la izquierda, la salud y otros sectores.
El protocolo de la Resolución 140 significaba una tremenda lavada de manos de parte del gobierno, al exigir que vayamos volviendo a los establecimientos. En lugar de dar todas las garantías de bioseguridad en las escuelas, delegaba la responsabilidad penal en sus trabajadores, al obligar a tener que ir a las escuelas y firmar una declaración jurada asumiendo las responsabilidades.
Frente al fuerte repudio que recibió, Viviana Figueroa, secretaria general de la ADP (gremio de base de CTERA), tuvo que salir a poner paños fríos y aclarar –haciendo de vocera oficial- que hubo un “error de tipeo” en la fecha de vuelta del personal, y que en vez del 29 de junio se debía retornar el 29 de julio…
Pero como aun así no podían mitigar el malestar docente, finalizando la jornada del jueves, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y publicar la Resolución 145/2020 para dejar sin efecto el Art. 7° de la repudiada Resolución 140. Así se establece que ya no se exigirá a docentes y administrativos la declaración jurada donde declaren no tener síntomas del virus. Y se afirma que será responsabilidad del ministerio de Educación brindar los recursos necesarios para garantizar el protocolo.
No es la primera vez que este gobierno tiene que recular en chancletas frente a la indignación y protesta de docentes y estatales por todas las redes sociales. Al empezar la pandemia tuvo que retroceder en su intento de aplicar un descuento del 15% a nuestros salarios para crear un “Fondo de Emergencia” que fuera a paliar la crisis económica. Crisis que, cabe aclarar, nos viene golpeando desde mucho antes que la pandemia.
Más allá de los retrocesos que expresan esta nueva Resolución que corrige también el supuesto “error de tipeo” y corre un mes la vuelta a las escuelas, lo cierto es que sigue vigente este protocolo que, entre otras cosas, considera suficiente el uso de dos trapos de piso para ingresar a las instituciones… Y que, si bien se compromete a garantizar el acceso al transporte público, dado que hasta hoy solo están habilitados a utilizarlo aquellos grupos exceptuados, todavía no hay nada concreto.
Es repudiable el protocolo y el accionar del gobierno provincial que, al igual que el nacional de Trotta y Fernández, se sostiene en la burocracia sindical para poder hacer pasar medidas como este protocolo nefasto. Lo hace pactando con ATE y la Intergremial formada por los gremios ADP, CTA, UDA, AMET, SADOP y UPCN y SITEPSA, con quienes se reúne cotidianamente.
Si bien la Intergremial presentó una nota rechazando el protocolo y expresando no haber sido parte de su elaboración, se limitaron a realizar algunas recomendaciones y aceptar la última resolución. Pero lo hacen sin convocar a asambleas y siguen sin llamar a ninguna medida de acción para enfrentar las políticas del gobierno, exigir todas las garantías de bioseguridad y de conectividad para docentes, estudiantes y familias.
Declaración jurada para ir a las escuelas: ¿Protocolo para cuidarnos o culparnos?
Este protocolo intentaba establecer, como primera medida, que el personal convocado a reanudar sus tareas firmara una declaración jurada garantizando no tener síntomas de COVID-19 y que no se estuvo en contacto con alguien infectado o bajo sospecha. Un planteo completamente ilógico y anticientífico. Es imposible saber a ciencia cierta que uno no tiene esos síntomas, que en estos momentos invernales se confunden con simples gripes y poder firmar una declaración jurada de no contacto con gente que tuvo o tiene COVID-19, cuando muchos casos son asintomáticos.
Poner en la cabeza de les trabajadores el garantizar que no tienen el virus, cuando el rol del Estado debería ser -si esa fuera la intención-, testear al personal que se considera necesario para la actividad. Las obligaciones y medidas de seguridad e higiene están en cabeza del empleador y no se puede poner una responsabilidad penal en les trabajadores para que el Estado no cumpla sus deberes de previsión.
Además, es importante preguntarse qué sucedía si esta declaración jurada se firmaba, y después nos contagiábamos, ¿iban a decir que mentimos? También cabe preguntarse qué pasa con las instituciones y las medidas de bioseguridad y sanitización en las escuelas.
Una vez más el gobierno de Sáenz-PJ, como ejecutor de un Estado que dice proteger nuestras vidas, nos manda a laburar cuando deberíamos estar en cuarentena. Intentando imponernos una declaración jurada, con penas de prisión, al obligarnos a cumplir tareas que arriesgan nuestra propia vida y la de estudiantes y familias. Por todo esto, la declaración no se debía firmar.
Además es de público conocimiento que existen casos asintomáticos, lo vimos hasta en políticos como la ex gobernadora Vidal y otros que, teniendo a disposición todos los recursos de bioseguridad, han estado circulando con el virus sin sentir síntomas. Pero a ellos no se los responsabilizó penalmente, pues vivir con privilegios es una gran ventaja. Hacen el aislamiento en las mejores condiciones, viajan en avión privado y reciben plasma de personas recuperadas sin ninguna dificultad.
Con su repudiada declaración, Sáenz y Cánepa, su ministro de Educación, intentaron poner la responsabilidad en les trabajadores, llevándonos a afrontar las penas que establecen los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que abarcan de seis meses a dos años de prisión. Además delegaban en equipos directivos la apertura de las escuelas, eran quienes estarían a cargo de decidir la apertura de las mismas garantizando el cumplimiento de este protocolo.
Ahora dicen que lo hará el ministerio de Educación, aunque ni una palabra emite sobre la designación de personal de maestranza, sobre infraestructura, el destino de insumos necesarios y la garantía de servicio de agua potable en todas las escuelas ni especifica la cantidad de jabón y alcohol en gel que proveerán por establecimiento ni mencionan la entrega de barbijos, guantes o ropa de protección.
Con respecto al transporte público, el gobierno dice comprometerse a que se amplié el acceso a los colectivos, que en la actualidad funcionan con grupos exceptuados, jubilades que se dirigen a cobrar y quienes dispongan de turnos bancarios o médicos. La docencia, administrativos, ordenanzas y estudiantes debemos tener garantías para volver a las escuelas cuando sea necesario, y no repetir lo que sucedió con estudiantes y personal de la Universidad Católica de Salta, donde convocaron a mesas de exámenes, apelando a la comunidad educativa para que compartan viajes en sus propios vehículos…
En conclusión, el gobierno, además de querer obligar a asistir a las escuelas en un contexto de pandemia, intentó responsabilizar a la docencia de contagios del virus, cuando son ellos quienes deben garantizar la medida de seguridad necesaria, ¡inaudito!
Nuestras propuestas
Esta pandemia puso al descubierto el vaciamiento que hay en la educación pública, la falta de conectividad de docentes y estudiantes, a quienes no se les garantiza acceso a WIFI gratuito ni dispositivos para cada une. Con una modalidad virtual que no funciona para garantizar la continuidad pedagógica y que ha significado mayor sobrecarga a docentes de distintos niveles y la deserción de estudiantes, ya que 1 de cada 5 alumnos no tiene internet y queda afuera de las clases virtuales.
Tanto el gobierno de Alberto Fernández como el gobierno provincial siguen la misma línea, proponen la vuelta a clases, pero sin consultar ni convocar a quienes realmente conocemos las instituciones, les docentes que debemos ser parte de la toma de decisiones.
Escuchamos a las autoridades hablar de Educación sobre “aulas burbujas”, turnos y días rotativos, distanciamiento social, etc. Pero nada se dice sobre destinar el presupuesto necesario para educación, mientras vemos que destinan todo los recursos para militarizar las fronteras con la excusa de frenar los contagios, alimentado el discurso xenófobo, discriminatorio y racial contra nuestro hermano pueblo boliviano.
Mientras tanto Fernández sigue gobernando con el presupuesto de miseria de Macri y sigue reuniéndose con los bonistas y con el FMI para pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, dejando pasar más despidos, suspensiones y rebajas salariales junto a la burocracia sindical, ajustando jubilaciones y pagando el aguinaldo en cuotas.
Rechazamos este plan de ajuste, siempre descargan el peso de la crisis sobre las espalda de les trabajadores, que el ajuste se lo hagan a los que la provocaron… los capitalistas. Además, el famoso anuncio de impuesto a las riquezas que, aunque insuficiente y limitado, nunca llegó a presentarse en la Mesa de Entradas del Congreso. El único proyecto es el que presentamos desde la izquierda.
En Salta siguen sin garantizarse las condiciones básicas de salubridad en nuestras escuelas. Para pensar en un posible retorno a las escuelas, cuando la docencia y comunidad educativa lo debata y resuelva, se debería empezar por realizar testeos a todo el personal educativo y estudiantes, garantizar el acceso al transporte público sanitizado y todas las medidas necesarias para, realmente cuidar a docentes, estudiantes y familias, lo que es responsabilidad del Estado.
Para todo esto resulta necesario dejar de pagar los 4.453 millones de pesos de deuda provincial y destinar presupuesto de emergencia para educación y salud pública, terminar con los subsidios a la iglesia y sus colegios privados que, solo en el 2017, recibieron $820 millones y encima luego les dieron los ATP para pagar salarios con plata de la Anses. Afirmamos que, si los colegios privados no pueden sostenerse, sean estatizados para garantizar la matrícula y el personal.
Reclamamos salarios acordes a la canasta básica familiar. Y que los funcionarios y políticos ganen como una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Junto a una reforma tributaria progresiva para que dejen de llenarse los bolsillos a costa de la clase trabajadora, que paguen más los que más tienen.
La burocracia sindical debe rechazar las Resoluciones 140 y 145. Y llamar a un paro provincial virtual, hasta tirar este protocolo que afecta a la docencia salteña. No volveremos a las aulas si no hay garantías de salubridad, nuestras vidas valen.
Desde Alternativa Docente, ANCLA y el MST llamamos a la docencia a rechazar este protocolo y fortalecer el reclamo de paro, suspendido por la pandemia, convocando a asambleas de docentes autoconvocadxs. Exigimos un Congreso Pedagógico Provincial y también Nacional para decidir por todo lo que incumbe a nuestra tarea.
Organízate con nosotres para dar la pelea por todos nuestros derechos.
Andrea Villegas, Alternativa Docente Salta
ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática
MST en el Frente de Izquierda-Unidad